Con el propósito de que los dispositivos tecnológicos decomisados a la delincuencia organizada se destinen a las instituciones educativas de gobierno, el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete (Morena), presentó iniciativa que adiciona la fracción IX al artículo 68 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Se busca establecer que cuando se trate de bienes de dispositivos tecnológicos, computadoras, tabletas y celulares, se irán por adjudicación directa a instituciones educativas de gobierno de escasos recursos, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La iniciativa, remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, precisa que la finalidad es impulsar la educación y evitar el rezago; por ello, se debe privilegiar que los dispositivos tecnológicos que son decomisados durante algún delito, sean otorgados a los centros educativos de escasos recursos, dado que la niñez es el futuro del país y cada año las tecnologías son más importantes.

Relata que el uso de tecnologías y dispositivos tecnológicos por parte de la delincuencia hace posible el incremento de delitos; al momento de que la policía entra para capturar a los delincuentes, dichos dispositivos son confiscados por el Ministerio Público y enviados directamente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como lo indica el artículo primero, fracción I, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Pérez Navarrete expone que más de 29 mil casos de robo de celulares se registraron en 2020 tan solo en la Ciudad de México. Debido a esto, el gobierno del país ha implementado medidas contra esta forma de delincuencia, como el registro de IMEI y la prohibición de venta de celulares en tianguis. De igual forma, computadoras y tabletas son robados o utilizados para delinquir, como fue en la pandemia de Covid-19 cuando los delitos cibernéticos aumentaron.

Expresa que esas herramientas son un servicio indispensable para las actividades cotidianas de los estudiantes, pero no todos tienen la posibilidad de contar con esta tecnología, por lo que existe un rezago educativo en comunidades de escasos recursos económicos.

Precisa que el rezago educativo repercute en la economía, porque un menor que carece de las competencias básicas difícilmente será un adulto que produzca ganancias. De ahí que para mejorar esta situación se requiere una política de Estado que trascienda sexenios; es decir, el consenso nacional y social de que la educación es un tema urgente e indispensable.

Foto: Cámara de Diputados