La diputada Maribel Martínez Ruiz y el diputado Benjamín Robles Montoya, ambos del PT, propusieron reformas a la Constitución Política, con el objetivo de que todos los órdenes de gobierno asuman su responsabilidad, de manera clara y oportuna, de diseñar e implementar mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.

El documento modifica el precepto 115, fracción IX de la Constitución Política, para instituir que los municipios incorporarán a las mujeres en la administración pública municipal, de manera paritaria y libre de discriminación y violencia política en razón de género; además, garantizarán la participación de las mujeres en la toma de decisiones para el desarrollo municipal.

Además, diseñarán e implementarán mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.

Asimismo, plantea añadir al artículo 2°, apartado B, el término “las personas” indígenas y elimina “de los indígenas”, a quienes, como establece dicho precepto, la Federación, las entidades y los municipios deberán garantizar la vigencia de sus derechos.

Los legisladores proponentes refieren que la iniciativa busca que los diferentes ámbitos de gobierno generen mecanismos que permitan concretar, en el mediano plazo, los temas pendientes de la agenda de las mujeres.

En su argumentación reconocen que ha habido avances significativos en el adelanto de las mujeres en México, pero aún persisten desafíos y tareas pendientes, como erradicar estereotipos de género arraigados, la redistribución de las labores domésticas y cuidados, la prevención y atención integral de la violencia de género, promover su participación política y económica plena, y garantizar el acceso equitativo y de calidad a servicios educativos y de salud.

Por ello, resaltan la urgencia de garantizar que las mujeres, en todos los ámbitos, gocen de su derecho a una vida libre de violencia, para lo cual es necesario adoptar medidas que realmente lo garanticen, así como fortalecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y poderes, con la sociedad civil y el sector privado, a fin de impulsar cambios profundos y sostenibles.

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, señala que es necesario generar condiciones “para que todas y todos vivamos en un México más justo, igualitario y libre de violencia”.

Foto: Cámara de Diputados