La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM), por medio de una iniciativa, plantea reformar el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer que corresponde a los municipios reglamentar y vigilar la operación y funcionamiento de los estacionamientos públicos.

Asimismo, deberán garantizar que sus titulares u operadores emitan boletos de depósito para cada vehículo, motocicleta o bicicleta que alojen en donde se especifiquen las condiciones del contrato y la hora de entrada, además de verificar que el establecimiento cuente con un seguro de responsabilidad por robo total, robo de componentes y daño parcial que tenga lugar en el mismo.

En la exposición de motivos, la iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen, señala que los estacionamientos públicos se han convertido en una necesidad imperiosa y, a la par, han crecido los problemas por no cuidar, reglamentar adecuadamente y vigilar su funcionamiento.

Indica que los problemas en estos lugares se deben a la falta de pólizas de seguro para su completo funcionamiento y que ofrezcan una protección a las unidades depositadas, tanto vehículos, motocicletas y bicicletas, ante un robo, percance o daño.

Resalta que es necesario identificar, sancionar y erradicar estos abusos y empezar a visibilizar y solucionar otras irregularidades que se cometen en los estacionamientos públicos y que atentan contra los usuarios, su patrimonio, pertenencias y finanzas, e incluso su integridad física y emocional.

La propuesta señala que cada vez son más recurrentes los casos de personas que dejan sus vehículos en estacionamientos públicos por la “seguridad” que estos supuestamente representan y al regresar por su unidad resulta que ya no está o que sufrió un percance que dejó un daño en la misma.

También se ha vuelto recurrente el robo de un componente del vehículo como puede ser un faro, un neumático, una calavera, una moldura, el sistema de sonido, la batería o la computadora de la unidad, y al momento de reclamar, el estacionamiento público dice que no es su responsabilidad cuidar la unidad de esos percances, que no está obligado a reparar o pagar por ese daño o que no tiene cómo hacerlo.

Destaca la necesidad de atender este problema para que ninguna autoridad pueda desentenderse de verificar, cuidar y garantizar que los estacionamientos públicos, tan necesarios, funcionen, operen adecuadamente, den el servicio que corresponda, y atiendan la reglamentación.

Foto: Es Imagen / Daniel Casas