A fin de sancionar al personal de la Guardia Nacional que sea denunciado por violación de derechos humanos, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PRD) impulsa una iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley de la Guardia Nacional.

El documento, enviado a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de Defensa Nacional, menciona que, en 2019, se aprobó la creación de la Guardia Nacional, institución fundamental para enfrentar al crimen organizado frenando el aumento y la crisis de seguridad pública a través del trabajo de inteligencia, táctica y operativa; pero, lamentablemente presenta algunas lagunas jurídicas y reglamentarias, que han impactado en la percepción social.

La falta de mecanismos efectivos en la rendición de cuentas y violación de derechos humanos han sido una constante. Tan sólo en 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió quejas contra la Guardia Nacional por acusaciones de desaparición forzada, trato cruel e inhumano o degradante y detenciones arbitrarias, señala.

Expone que, de acuerdo con México Evalúa, hasta junio de 2022 se han abierto un total de mil 109 expedientes de queja en contra de la Guardia Nacional por acusaciones de violaciones a derechos humanos.

Entre enero y julio de ese año la Guardia Nacional acumuló 276 quejas, la mayoría de ellas en Ciudad de México (31), Guanajuato (22) y Jalisco (18). El único estado que no ha presentado quejas es Baja California Sur.

Subraya que en México, durante estos cuatro años, la Guardia Nacional ha sido responsable de violación de derechos humanos y que por ello es necesario establecer mecanismos que protejan a los ciudadanos.

Actualmente, el artículo 59 de La Ley de la Guardia Nacional señala que “el personal de la Guardia Nacional que infrinja la presente Ley, así como algún precepto reglamentario, se hará acreedor a un correctivo o sanción disciplinaria, de acuerdo con su jerarquía. Si la falta también conlleva la posible comisión de un delito quedará sujeto a las disposiciones aplicables”.

La propuesta plantea agregar delito “o denuncia por violación de derechos humanos”.