La diputada Bennelly Hernández Ruedas (Morena) informó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 395 del Código Penal Federal, a fin de proteger a las y los adultos mayores del despojo de su vivienda.

En un comunicado indicó que su propuesta establece una penalización para aquellos que ventajosamente realizan este delito, abusando del parentesco familiar u otras circunstancias.

Hernández Ruedas detalló que cuando el despojo se realice en contra de una persona de la tercera edad, con violencia, engaño, o se esté ocupando un inmueble sin su consentimiento la pena será de uno a seis años de prisión.

Además, de una multa de los 500 pesos a 5 mil pesos, y la reparación del daño establecida en el Código.

Comentó que hay muchas personas de la tercera edad que han sufrido este abuso, sin embargo, muchas veces se dificulta la denuncia, ya que este delito se comete por los hijos, nietos, pareja o familiares cercanos que, “con engaños, llegan y les solicitan firmen un traspaso, una carta poder o la misma herencia en vida de sus propiedades”.

Enfatizó que este hecho deleznable y alevoso es uno de los actos que más violenta a las personas mayores, pues los somete a una situación de mayor vulnerabilidad, ya que muchos de ellos en esta etapa de la vida, padecen de otras problemáticas como es, discapacidad física o intelectual.

Así como, de circunstancias que son aprovechadas por otros, a pesar de que existe un marco normativo en la materia.

Hernández Ruedas refirió que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 residen en el país más de 15.1 millones de personas de 60 años o más, representando el 12 por ciento de la población total; es decir que, por cada 100 niños menores de 15 años, hay 48 adultos mayores.

Agregó que, aunque en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se establece el que puedan ser acreedores de asesoría legal para la protección de sus bienes patrimoniales, “no ha sido suficiente”, debido a que no se señala una pena o castigo conducente.

Mencionó que varias diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, se adhirieron a la iniciativa, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para su análisis y discusión como dictamen.

Foto. Cámara de Diputados