La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal para crear el Fondo Solidario Migrante, a fin reconocer y dar sustentabilidad hacendaria a las remesas que envían los connacionales que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.

“Esta propuesta permitirá, por un lado, reconocer el esfuerzo y contribución de los connacionales a través del envío de remesas y, por el otro, ser un vínculo que genere desarrollo en las regiones en las que se erogan y compensar la extinción de fondos de apoyo a las y los migrantes”, señaló en conferencia de prensa, acompañada por integrantes de su bancada y su coordinador, Rubén Moreira Valdez.

Destacó que con el paso de los años las remesas se han convertido en la principal fuente de divisas de México, pues en 2020 ingresaron al país más de 40 mil millones de dólares, por lo que fueron un pilar fundamental del ingreso y sustento de las familias mexicanas y motor de desarrollo de la economía.

Alcalá Ruiz expuso que su propuesta plantea que el Fondo Solidario Migrante se construya con el 6.4 por ciento de la contribución de las remesas, es decir, con 5.9 miles de millones de pesos, que pueden ser distribuidos por fórmulas, en los estados y municipios del país que reciben remesas de sus migrantes.

“El 66 por ciento de las remesas son sujetas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto equivale al 2.5 por ciento de la Recaudación Federal Participable, estimada para 2022, es decir, 93.2 miles de millones de pesos. De este monto tan solo se propone que el Fondo Solidario Migrante se construya con el 6.4 por ciento del mismo, 5.9 miles de millones de pesos, y estos recursos tendrán una trayectoria en el tiempo”, explicó.

Agregó que se propone que los recursos del Fondo Solidario Migrante se destinen a obras de infraestructura sanitaria, de educación y de salud en comunidades de origen; así como para capacitación a los migrantes en retorno, a fin de facilitar su proceso de reinserción en el mercado formal.

Asimismo, a apoyar a las actividades que brinden opciones de participación en proyectos de inversión, productivos o de autoempleo en las comunidades migrantes sea individual, familiar o grupal, entre otros rubros.

La diputada priista refirió que se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes, y que casi dos tercios de ellos lo hacen por motivos laborales.

Agregó que en México la migración ha sido motivada principalmente por razones económicas y con destino casi exclusivo hacia los Estados Unidos, donde se calcula que existen más de 11.2 millones de mexicanos migrantes.

“Se trata de que la ley reconozca de manera explícita la necesidad de mantener el apoyo gubernamental a la atención de los aspectos críticos en las regiones expulsoras de mexicanas y mexicanos, pero receptoras permanentes de remesas. El PRI hará el trabajo de cabildeo necesario porque también es un acto de justicia con este sector”, subrayó.

La diputada María Elena Serrano Maldonado apuntó que es fundamental crear políticas públicas que atiendan a la comunidad migrante, a la cual pertenece, y permitan generar desarrollo en sus lugares de origen.

Además, planteó rescatar el programa 3×1 para migrantes, ya que durante su vigencia generó altos ingresos para mejorar proyectos en las distintas localidades del país.

Por su parte, cuestionado sobre las declaraciones del Presidente de la República de que impugnará la determinación de un juez federal que ordena al Gobierno Federal vacunar a todos los niños, niñas y adolescentes del país contra el Covid-19, el líder del PRI, Rubén Moreira, señaló que en materia de salud el gobierno de Morena ha descuidado todo el tema de vacunación, construido por el Estado mexicano, en el que participaban hasta las escuelas públicas y no sólo sobre este padecimiento.

Respecto a la pandemia del Covid-19, aseveró que la Secretaría de Salud nunca convocó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad ante la situación, ni hubo una acción coordinada.

Enfatizó que a los menores se les debe vacunar y es responsabilidad del Gobierno Federal tener antígenos suficientes para todos, además de que México tiene la capacidad económica para costear los biológicos e incluso ya se debería estar aplicando la tercera dosis de la vacuna anticovid.