El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, informó que en voz del diputado Braulio López Ochoa Mijares, se presentó una iniciativa de Reforma Judicial que asegura la transparencia, blinda la autonomía del PJF, facilita la rendición de cuentas y cuida derechos laborales de más de 55 mil trabajadores.

A través de un comunicado, indicó que se pretende lo siguiente:

1. Separar al Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone que la Presidencia de dicho Consejo no recaiga en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para liberarla de la responsabilidad administrativa que implica el Consejo de la Judicatura Federal. Todo bajo principios de transparencia, máxima publicidad y paridad de género.

2. Modificar el nombre de la Comisión de Vigilancia por el de Ética Judicial, y su integración sea propuesta por el Consejo de la Judicatura Federal, ratificada por el Senado; y, la Comisión de Administración cambie de nombre por el de Transparencia Judicial, y la ratifique la Cámara de Diputados, ambos casos por dos terceras partes.

3. Reformar la Ley de Amparo en materia de suspensiones para que se garantice la ponderación de derechos y principios, cuando se trate de políticas públicas. Se propone que deberá acreditarse que no haya afectación a la forma de gobierno, división de poderes, federalismo, laicidad y representatividad.

4. Independencia de fiscalías. Se propone que las Fiscalías cuenten con una mayor independencia en la investigación y persecución de los delitos; y, que cada entidad federativa pueda establecer con mayor claridad sus funciones y atribuciones, así como garantizar un patrimonio y personalidad jurídica propios, dependiendo de sus particularidades.

5. Garantizar derechos laborales a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se propone reformar el artículo 123 constitucional para que el Poder Judicial de la Federación tenga la obligación de garantizar las mismas condiciones laborales a sus trabajadores; es decir, que las condiciones dignas y la seguridad laboral se amplíe a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y no sólo a magistrados, ministros y personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Foto: Cámara de Diputados