El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) propuso una iniciativa por la que se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos.

En el marco de la sesión a distancia de la Comisión Permanente, el legislador explicó que actualmente la armonía que debe prevalecer en ese sistema de derechos ciudadanos en un proceso penal, es interrumpida por una disposición caduca, rezagada a lo largo de las distintas etapas de evolución del sistema de los derechos.

Se trata, indicó en un comunicado, de la disposición contenida en el artículo 38, fracción II de la propia Constitución, que dice: “Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”.

La iniciativa hace referencia que la fracción II del artículo 38 impide a todos los individuos sujetos a proceso penal ejercer prerrogativas que son esenciales para el desarrollo del Estado democrático de derecho, sin que se les haya oído y vencido en juicio ante tribunales previamente establecidos.

Todo ello, en tiempos de reivindicación de derechos fundamentales y sus garantías, así como de reformas políticas tendientes a ubicar a la ciudadanía como eje de las instituciones democráticas contemporáneas. Se trata de un resabio del sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, pero su repercusión trasciende el ámbito de los derechos procesales.

En ese tenor, Gómez Álvarez manifestó que “ya no debemos seguir postergando lo que varios legisladores en distintos momentos han venido planteando pero sin ninguna repercusión. Yo he sido uno de ellos, pero estoy consciente de que muchos diputados y senadores han planteado la derogación de este precepto”.

Argumentó, que desde hace tiempo en nuestro país se discute la condición excepcional que tienen las personas que están sometidas a un proceso penal. La Constitución en este momento convierte ese proceso penal en el momento de aplicar una sanción que es la suspensión de los derechos y prerrogativas de ciudadano.

Sin embargo, “esto contradice varios principios y varios derechos humanos que están en la Constitución y también en las convenciones internacionales de las que México es parte”.

En la propuesta, se hace mención que el texto vigente de la fracción citada ya no corresponde con el actual sistema jurídico penal y entra en contradicción con el esquema de libertades resultado de la evolución de las instituciones democráticas contemporáneas.

En ese sentido, indicó que si bien es cierto que la medida de suspensión de prerrogativas ciudadanas sería temporal, también lo es que puede extinguirse al culminar el proceso penal en favor de la persona vinculada, caso en el cual dicha suspensión anticipada habría resultado excesiva, desproporcionada, injusta, discriminatoria y privativa en el ejercicio de derechos políticos, causante de un daño de imposible reparación.

“Por este motivo y para concluir un ciclo de debate en relación con esto, y afianzar el curso que le damos al ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas del ciudadano, se propone simple y sencillamente la derogación del precepto. Y además la derogación, en un transitorio, de todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del decreto derogatorio de la fracción II del artículo 38 de la Constitución”, expresó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.