Ante la creciente escasez de medicamentos en el sistema de salud nacional, el Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Fabiola Rafael Dircio, presentó una iniciativa que obliga a la Federación y gobiernos locales a que, en caso de no tener disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales, deberán adquirirlos con cargo a la institución y entregarlos al paciente, máximo 24 horas después de ser recetados por el médico tratante.

En un comunicado se informó que la propuesta incluye un transitorio donde especifica que la Secretaría de Salud y las instituciones públicas del ramo, deberán hacer las previsiones necesarias para garantizar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27, estableciendo operativos anuales, a fin de generar las condiciones necesarias para garantizar la proveeduría de medicamentos a las y los usuarios de servicios públicos.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, la legisladora indígena del estado de Guerrero precisó que, de acuerdo con investigaciones realizadas sobre el tema, entre 2019 y 2020, de un total de 430 millones de recetas expedidas sólo en el IMSS, 40 millones no fueron surtidas, lo que implica que cada día una o un paciente pase sin sus tratamientos, y haya pérdida de su calidad de vida por falta previsión y garantía del gobierno, respecto de un producto que debe ser proveído con prontitud.

“Es obligación del gobierno establecer los mecanismos de compra y traslado de medicamentos necesarios para garantizar el acceso a los mismos. Las usuarias y usuarios de servicios médicos públicos deben gozar de la garantía de medicamentos, no importando si el gobierno tiene o no la capacidad de compra consolidada, de distribución o de planeación de compra. Los tratamientos deben estar disponibles en el momento que se ocupen”.

La diputada, que también informó de su propuesta en Tlapaneco, su lengua originaria para hacer llegar dicha información a las y los hablantes de la misma, refirió que nuestra Carta Magna, en su artículo cuarto, señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, siendo éste, un derecho universal con garantía progresiva, de calidad, acceso a la atención, tratamiento y seguimiento.

Recordó que el 29 de noviembre de 2019 se reformó la Ley General de Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, para reemplazar al “Seguro Popular” como organismo descentralizado; sin embargo, a casi tres años de distancia, no funciona de manera óptima, ni existe un sistema o mecanismo eficiente para dar atención médica ya no sólo a personas con seguridad social, sino a quienes carecen de la misma.

“Un problema que se ha acentuado es la falta de tratamientos y medicamentos en el sector salud que, incluso, se ha llegado a extender por más de un año, dejando a pacientes sin la posibilidad de gozar de su derecho a la salud. Un ejemplo de ello, son los tratamientos para pacientes con cáncer, en especial los niños”.

“El desabasto de medicamentos oncológicos para niños ha llevado a cientos de afectados a manifestarse en las calles, los familiares han señalado que el problema de desabasto comenzó a finales de 2018, y se ha agudizado durante la presente administración; entre otras razones, por los cambios en los esquemas de adquisición”.

“Existen estudios que arrojan datos alarmantes: entre 2019 y 2020, sólo en el IMSS, de 430 millones de recetas expedidas, más de 40 millones no fueron surtidas y si esto ocurre en las ciudades, es claro que el problema se acentúa en poblaciones indígenas”, acusó.

Mencionó que, de acuerdo con cálculos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, en México un indígena tiene más posibilidades de morir por falta de atención médica que cualquier otro mexicano.

Además, un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de fallecer antes de cumplir los cinco años, que uno no indígena, en tanto que la esperanza de vida es entre dos y tres años menor, respecto a los no indígenas.

La ausencia de medicinas y tratamientos significa la pérdida de calidad de vida, derivada de una falta de previsión y garantía desde el gobierno, por un producto que debiera ser proveído con prontitud; de ahí la importancia de que esta propuesta sea avalada en bien de las y los mexicanos y de la autoridad misma, concluyó la diputada del PRD.

Foto: Cámara de Diputados