La diputada Paloma Sánchez Ramos, del PRI, propuso una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia, con el fin de aumentar las capacidades institucionales de los municipios en materia de protección y prevención de la violencia de género. 

La propuesta busca establecer que corresponde a los municipios el contar con un instituto o dirección general para atender el tema; promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación para las personas que brinden atención a víctimas, así como ejecutar las acciones necesarias para dicho objetivo.

De igual forma, deberán diseñar programas de reeducación integral y sensibilización para los agresores, promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres, realizar estudios de impacto de la violencia de género en sus comunidades, además de fomentar promover el liderazgo local de las mujeres en sus comunidades a través de la participación ciudadana.

También la obligación de difundir herramientas de empoderamiento de las mujeres que resulten convenientes para su entorno, apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas, participar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y llevar a cabo programas de información a la población sobre la violencia contra las mujeres.

Además, las autoridades municipales deberán capacitar a sus policías sobre perspectiva de género, y la celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.

La iniciativa turnada a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen, explica que las mujeres de México conviven con un entorno de violencia normalizado en el país, que es demostrable por el hecho de que siete de cada diez mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea en su entorno familiar, escolar, laboral y en diversas modalidades como la sexual, psicológica o patrimonial.

La diputada Sánchez Ramos subraya que las mexicanas víctimas de violencia no denuncian a sus agresores, no conocen los protocolos de atención y/o no solicitan apoyo para salir de ese entorno desfavorable.

Esto quiere decir que menos del 5 por ciento de las víctimas denuncian y solicitan apoyo, lo que indica que la existencia de programas nacionales o locales de atención a la violencia en contra de las mujeres no significa que la población podrá sensibilizarse ante los diferentes esquemas de atención.

Por ello, agrega la legisladora, el gobierno municipal tiene un área de oportunidad inigualable en la prevención y atención de la violencia de género, toda vez que la cercanía por cumplir con los servicios públicos vinculados a los ciudadanos le otorga una proximidad envidiable sobre los desafíos que pueden envolver a las diferentes localidades que administra.

Foto: Cámara de Diputados