El 2021 debe considerarse como un año de crisis y retroceso en materia migratoria, pues ante la falta de una estrategia clara para atender dicho fenómeno, México se convirtió en el país más peligroso para el tránsito de personas migrantes, aseguró la senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge.

Por tal motivo, la legisladora plantea que comparezcan los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la situación que vive el país en esta materia.

La finalidad del punto de acuerdo publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, es conocer a detalle sobre “la grave crisis migratoria” que hay en México, así como para que las autoridades informen sobre la política que lleva a cabo el Estado y cómo los recortes presupuestales de la “austeridad republicana” afectan el desempeño de sus labores.

Cruz Blackledge expresó que, desafortunadamente, se presentan tragedias, como la que se dio en Chiapas el pasado mes de diciembre, en la cual 56 migrantes perdieron la vida, lo que pone en evidencia “la fragilidad institucional y el fracaso de la política migratoria”.

Además, mencionó que, ante el creciente tráfico de personas desde Centroamérica, el despliegue de la Guardia Nacional generó consecuencias adversas en la materia, pues esta institución carece de protocolos para la atención, asilo y refugio de personas migrantes.

“La Guardia debería estar al servicio de la seguridad interior y no para actuar como muros y barreras”, manifestó.

La senadora refirió que, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, las solicitudes de refugio del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, sumaron un total de 68 mil 706, siendo el estado de Chiapas el primer lugar, lo que refleja el número creciente de personas que siguen llegando al país.

Aunado a ello, señaló que la pandemia ocasionada por la Covid-19 agravó la situación de las y los migrantes que se ubican en las fronteras, generando una crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida, ya que los albergues que recibían recursos públicos, desde el inicio de esta administración, dejaron de recibirlos.

Por tal motivo, puntualizó, es fundamental que las personas encargadas de la política migratoria nacional y del Instituto Nacional de Migración, comparezcan ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.