Con el objetivo de que las personas con discapacidad tengan derecho a la consulta previa en la elaboración de leyes, políticas públicas y programas que se relacionen con sus derechos humanos, la diputada Valeria Santiago Barrientos (PVEM) propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La iniciativa, que plantea adicionar un capítulo XII denominado “Del derecho a la consulta previa” al Título Segundo con un artículo 32 Bis de dicha ley, también propone establecer que los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y los de las entidades federativas, estarán obligados a llevar a cabo un procedimiento de consulta previo e informado a las personas con discapacidad antes de la expedición de leyes, políticas públicas o programas.

El documento, remitido a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señala que la consulta previa es fundamental para el respeto de sus derechos humanos pues en el procedimiento de consulta se articulan varios derechos imprescindibles para la garantía de todos los demás derechos y libertades básicas.

Destaca la importancia de que desde el Poder Legislativo federal se garantice a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos humanos mediante el derecho a la consulta en la formulación de leyes, políticas públicas y programas.

Refiere que datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, de los 8.3 millones de personas identificadas con discapacidad, 4.1 millones se encontraban en situación de pobreza multidimensional. Asimismo, 0.9 millones estaban en situación de pobreza extrema, lo que representa 10.2 por ciento de la población de este grupo. Este porcentaje es 1.8 puntos porcentuales mayor al de sus pares sin discapacidad.

Resalta que la discapacidad es una de las problemáticas que más afecta la calidad de vida de la población y cuya atención requiere políticas públicas específicas, pues el estigma y la discriminación, desafortunadamente son muy comunes. Por ello, indica, es importante llevar a cabo reformas legales que faciliten el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.