La diputada de MC, Ivonne Ortega Pacheco propone elevar a rango constitucional el concepto de familia, con el propósito de definir a esta estructura social básica, así como darle el reconocimiento jurídico y político pleno que establezcan sus derechos y obligaciones.

Asimismo, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las familias y de las personas que las forman, planteó en la iniciativa que impulsa reformar el artículo cuarto de la Carta Magna, relativo a la organización y desarrollo de la familia, en los párrafos primero, segundo y séptimo, y adicionar los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes.

Por ello, resulta fundamental trabajar para lograr la institucionalización de la familia y de todas sus acepciones, refirió.

La iniciativa resalta el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas que corresponde a toda persona mayor de dieciocho años.

Se hace notar que se agrega el vocablo hijas, incorporando a la norma fundamental un lenguaje incluyente y libre de sexismos.

Precisa que todas las personas mayores de dieciocho años tienen derecho a elegir cónyuge y a contraer matrimonio libremente, con su pleno consentimiento, así como prohibir expresamente el matrimonio en personas menores a esa edad.

La legisladora adiciona un párrafo tercero y cuarto, recorriendo en su orden los existentes, con el objeto de consignar que la familia en cualquiera de sus formas es el elemento natural y fundamental de la sociedad, se integra por quienes comparten lazos sanguíneos y/o afectivos, así como las corresponsabilidades al interior del hogar.

Asimismo, establece que todas las familias tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado sin que medie discriminación alguna, por lo que la ley protegerá su conformación, organización y desarrollo.

En el párrafo séptimo, ahora noveno, se reconoce a toda persona el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, al ser éste un derecho humano y universal que no debe estar condicionado a la conformación de una familia.

Refiere que la protección a la familia está presente tanto en el ámbito constitucional como institucional; sin embargo, no hay un concepto de ésta, tampoco quedan explícitos sus derechos y obligaciones.

En la práctica, dicha protección o, mejor dicho, a los derechos de sus integrantes se realiza por medio de políticas y programas públicos, como el servicio de guardería, beneficios a jefas de familias, recursos a las personas de la tercera edad y, apoyos y beneficios de programas sociales, que se entregan a un integrante del núcleo y se entiende que son para la misma, señala.

Precisa que “es menester adecuar la Constitución Política a la nueva realidad de un Estado moderno y democrático. Si bien es cierto que el actual párrafo segundo señala que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, es necesario apuntar que dicho mandato resulta insuficiente, ambiguo e incompleto para los tiempos actuales y venideros”.

La legisladora por Yucatán dijo que esta propuesta tiene como objeto sentar las bases de la protección de la familia en cualquiera de sus modalidades, sin que haya una muestra preestablecida por el propio Estado. La propuesta se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.