La Comisión de Economía, que preside el senador Roberto Juan Moya Clemente, aprobó un dictamen para solicitar a la titular de la Secretaría de Economía una serie de mesas de trabajo, para identificar los ajustes regulatorios que son indispensables para apuntalar y fortalecer la política industrial anunciada por esa dependencia el pasado 20 de septiembre.

En el dictamen, las y los senadores plantearon la necesidad de llevar a cabo un análisis meticuloso que nos permita obtener el respaldo presupuestal que le otorgue viabilidad a este proyecto.

En este sentido, piden que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, los recursos suficientes para respaldar la política industrial planteada por la Secretaría de Economía.

Como todo sistema jurídico perfectible, se destaca en el documento, este órgano legislativo ha identificado que diversos objetivos que plantea la nueva estrategia del Gobierno federal, para la reactivación económica encuentran correlación con lo planteado en diversas leyes vigentes.

Sin embargo, “por dificultades presupuestales o por la aplicación de una estrategia inexacta no se han alcanzado la totalidad de los objetivos de las leyes que plantean el impulso, desarrollo y competitividad de las empresas mexicanas, desde principios de siglo, por lo que se considera acertado hacer énfasis en diversos temas para apuntalar el avance en el cumplimiento de las metas.

Por lo anterior y con la finalidad de contribuir en la recuperación económica de nuestro país, se menciona en el documento, se propone agendar una serie de reuniones o mesas de trabajo entre personal de la Secretaría de Economía y del Congreso de la Unión para:

Reformar, eliminar o impulsar ajustes en aquellas disposiciones regulatorias que no contribuyen en la eficiencia de la puesta en marcha de políticas públicas.

Promover el presupuesto suficiente que permita dar cumplimiento a lo que establecen las leyes, impulsar la política industrial y elevar las condiciones laborales de jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

Así como actualizar leyes y disposiciones para responder en forma dinámica a las necesidades del mercado y cumplir nuestros compromisos internacionales.