Con el objetivo de facultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para garantizar puntual seguimiento a las denuncias presentadas ante el Ministerio Público por aquellos actos que configuren delitos contra el patrimonio de clientes y usuarios de servicios financieros, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) propuso reformas a la ley en la materia.

​La iniciativa, que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXVI del artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

​Refiere que grupos de delincuentes, a nombre de supuestas empresas, se dedican a cometer estafas en perjuicio de personas, ofreciéndoles préstamos inmediatos de dinero y en efectivo, solicitándoles para ello, entre otros requisitos, que realicen depósitos de pago anticipados, tras lo cual desparecen una vez cometido el fraude.

Se trata de presuntos prestamistas que construyen portales cibernéticos y operan centros de contacto telefónico bajo soportes técnicos sofisticados, que dan apariencia de realidad y legalidad, con un propósito único: aprovecharse de la necesidad de financiación de las personas que son engañadas con el ofrecimiento de créditos en efectivo a un costo de interés competitivo, por abajo del que ofrece la banca comercial establecida legalmente, señala.

Precisa que se ofrecen préstamos inmediatos a tasas de interés sumamente atractivas y sin mayores requisitos, “resultando finalmente un montaje por el cual le roban su dinero a la gente”. Se llega incluso a la intimidación y extorsión, una vez que logran acceder a información y datos de carácter confidencial de las personas a las que amenazan con hacerles efectivo el cobro de deudas inexistentes.

Las falsas empresas, añade, recurren también a la suplantación de identidad de otras legalmente establecidas, cuando seleccionan preferentemente nombres de compañías reconocidas ampliamente, para anunciarse como entidades financieras que ofrecen créditos en mejores condiciones que la competencia.

La iniciativa menciona que la Condusef, conforme a las facultades que la legislación le otorga, emite alertas a la población sobre empresas gestoras de crédito que están ofreciendo préstamos exprés sin requisitos, como lo son comprobar los ingresos o consultar el Buró de Crédito del solicitante.

Se precisa que la Condusef en uso de sus facultades y como ente protector de los derechos de los usuarios de servicios financieros, encabeza las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público cuando se tiene conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos en general, así como ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando ocurran ilícitos tipificados en leyes que establezcan que los mismos se persigan a petición de la dependencia.

Así también, denuncia ante las autoridades competentes, los actos que constituyan violaciones administrativas, aparte de asistir a los usuarios que pretendan coadyuvar con la autoridad ministerial. Por ello, la propuesta de reforma busca facultar a la Condusef a dar seguimiento a las denuncias presentadas.