En el Foro “Sistema Penal Acusatorio: ¿Hacia dónde vamos?”, convocado por las diputadas Pilar Ortega Martínez (PAN), Verónica Juárez Piña (PRD), Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) y Lorena Villavicencio Ayala (Morena), se planteó fortalecer la justicia penal, a fin de evitar que se convierta en instrumento de extorsión a los más indefensos.

Diputadas, impartidores de justicia y expertos se pronunciaron por garantizar la autonomía, recursos e independencia de las fiscalías, e impedir que se menoscaben los derechos de la ciudadanía.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que el actual Sistema Penal surgió ante la falta de mecanismos y herramientas para atender de manera adecuada todas las situaciones de impunidad y la crisis de violencia que creció en este siglo. “El Sistema va arrancando y funcionando”, acotó.

Consideró que hay mucho por fortalecer, sobre todo en capacitación y herramientas en cada entidad, la Federación y en el ámbito local. Añadió que es un Sistema que está establecido sobre bases firmes y respeto a los derechos humanos. Agregó que otros pendientes se refieren directamente a los servicios periciales y los cuerpos policiacos.

La coordinadora del PRD, diputada Verónica Juárez Piña, destacó que la finalidad es que el Sistema de Justicia Penal tenga una base sólida en el respeto a los derechos humanos, que garantice la justicia a todos los involucrados en un proceso penal y erradique la percepción de que la prisión preventiva oficiosa resuelve los problemas de impunidad.

Estimó necesario abatir los índices de impunidad, establecer condiciones para que la ciudadanía sienta que vale la pena levantar una denuncia y dar las herramientas para que dé resultados. Agregó que es indispensable garantizar la autonomía e independencia de todas las fiscalías y destinarles los recursos necesarios para su operación y que éstos no puedan ser reducidos.

La secretaria de la Comisión de Justicia, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), indicó que ya hubo el tiempo suficiente para ver cuáles son los errores del actual Sistema, por lo que, enfatizó, no debe regresarse a un pasado ineficaz, sobre todo porque en la Constitución ya se contempla la progresividad. “No es posible suplir la incapacidad de la autoridad menoscabando los derechos de la ciudadanía”.

Dijo que es indispensable enfatizar que muchas de las incapacidades se deben a la necesidad de presupuestos bien etiquetados. “Hay que escuchar a los expertos en estos temas para que con sus propuestas hagamos iniciativas puntuales para fortalecer al Sistema, pero sin regresar a lo que ya demostró su ineficacia. La impartición de justicia sigue siendo una asignatura pendiente”.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la Subcomisión Especial para Atención a Feminicidios de la Comisión de Justicia, afirmó que de nada sirve hacer cambios legislativos si no hay garantía en la aplicación exacta de los derechos; sólo se vería cómo se descompone la sociedad. “Injusticia e impunidad generan violencia institucional, empoderan a los agresores y multiplica a las víctimas”, afirmó.

Enfatizó que no hay que permitir que la justicia se convierta en un instrumento de extorsión a los más indefensos, mujeres y personas con vida precaria, quienes en ocasiones no pueden presentar una denuncia ni ser escuchados. “Debe verse cuáles han sido las fallas en este nuevo Sistema Penal Acusatorio que humanizó la justicia”, apuntó.

En su conferencia magistral, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, dijo que en la discusión del Sistema Penal Acusatorio es primordial centrarse en la Ley de Amparo, recomponer algunas instituciones y hacer una recopilación de los criterios jurisprudenciales.

“Lo que se tiene que discutir es saber si se está dispuesto, o no, a cambiar la filosofía general de lo que en la actualidad se tiene, porque si se modifica o ajusta por partes el Sistema Penal Acusatorio terminará perdiendo su esencia o características. No tienen que ceder en la discusión filosófica, tampoco caer en la trampa de que lo que se está haciendo es ajustar un modelo”, comentó.

Calificó de relevante analizar, con cuidado, el artículo 173 de la Ley General de Amparo respecto del Sistema de Justicia Penal mixto y el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral. “Hay que revisar qué se le va a quitar o dejar a este artículo”, porque, afirmó, será complicado mantener la relación tradicional de reposición de procedimiento entre juicio de amparo y proceso penal acusatorio.

Consideró importante reformar algunas de las prácticas del juicio acusatorio, porque, por ejemplo, ahora que estamos con el caso Emilio Lozoya no está claro qué es un testigo protegido, uno colaborador y cuáles son las condiciones claras del principio de oportunidad, por lo que es necesario precisar conceptos.

Creo que se tiene que hacer una recopilación cuidadosa y técnica de los criterios jurisprudenciales que se han establecido. Valdría la pena que cosas que ya están corregidas en la jurisprudencia tomarlas, depurarlas, precisarlas y traerlas a la ley, puntualizó Cossío Díaz.