Con el objetivo de abonar al combate contra la corrupción en todos los espacios de la Administración Pública Federal, la senadora María Soledad Luévano Cantú presentó una iniciativa para crear un tipo penal que sancione a los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal, estableciendo una pena de hasta 20 años de prisión a quien cometa dicho ilícito.

La propuesta de la legisladora de Morena detalla que se entenderá como simulación de procedimientos y se equipará al delito de peculado, la simulación o manipulación de los procesos de adquisición de bienes y servicios de Gobierno Federal establecidos en la Ley General de Adquisiciones Federal para favorecer a uno o varios de los ofertantes de los bienes o servicios adquiridos.

Puntualiza que a los funcionarios que cometan el delito de simulación de procedimientos, se les impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y el equivalente a diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de cometerse el delito.

La senadora aseguró que crear este tipo penal dará la garantía de que el Estado mexicano accederá a productos y servicios de mejor calidad, a mejores precios y en mejores condiciones de mercado, en beneficio del erario público, de la sociedad en su conjunto y de las empresas que ofrecen sus productos y servicios, puesto que “procesos transparentes y legales fomentan la competencia, eliminan el capitalismo de cuate y ponen piso parejo para todas las empresas”.

A lo largo de los últimos cinco sexenios, apuntó la legisladora, desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hasta la conclusión de la presidencia de Enrique Peña Nieto, las adquisiciones de gobierno Federal se han convertido en un negocio, donde las compras y los contratos públicos se utilizan para enriquecer a funcionarios y empresarios corruptos.

Asimismo, recordó el caso de la adquisición de medicamentos, donde el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a todas las Secretarías implicadas en el sector salud que no permitan que tres empresas distribuidoras de medicamentos que resultaron favorecidas en el sexenio anterior participen en ninguna licitación hasta que concluya una investigación por presunto influyentísimo o corrupción.

Luévano Cantú aseguró que es sumamente necesario crear un tipo penal que sancione a las y los servidores públicos que simulen o manipulen los procesos de adquisición de bienes y servicios del Gobierno Federal para beneficiar a socios, amigos y cómplices de procesos de corrupción, acción que la senadora considera “una grave trasgresión ética y legal”.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 223 Bis al Código Penal Federal, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.