Senadoras, senadores, especialistas, catedráticos e investigadores aseguraron que México necesita una legislación que permita que la ciencia, tecnología, innovación y las humanidades se conviertan en un motor de desarrollo económico, social y cultural.

En el foro “Perspectivas en ciencia, tecnología e innovación para construir un futuro mejor”, que se llevó a cabo de forma remota, se destacó que tanto el Senado como la comunidad científica de México, tienen la gran responsabilidad de construir una ley a la altura de las necesidades del país.

Gilberto Herrera Ruiz, senador de Morena, dijo que se analiza una propuesta para que las grandes empresas privadas y del Estado inviertan un porcentaje de sus ganancias en este rubro.

Señaló que hay grandes compañías que han invertido en nuestro país, pero que no destinan nada a la ciencia y tecnología del país, “sólo vienen a buscar la mano de obra barata, no las mentes mexicanas”.

En este sentido, destacó que el 95 por ciento de la tecnología que se consume en el país es importada, por lo que se requiere de mayor inversión que permita generar más fuentes de empleo para este sector, “porque la comunidad científica, son las personas más preparadas de México”.

La senadora María Celeste Sánchez Sugía dijo que estos diálogos con la comunidad científica son fundamentales para elaborar una nueva Ley General de Ciencia Tecnología e Innovación.

En tanto, la secretaria de planeación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Martha Espinosa, dijo que es fundamental modernizar los modelos de evaluación, indicadores y contextos que reflejen el impacto y la pertinencia de la actividad científica.

“Los investigadores ponemos nuestro conocimiento, habilidades y entusiasmo para seguir contribuyendo al desarrollo de México”, argumentó.

El profesor de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México, William Lee indicó que las leyes y políticas deben fomentar la libertad de investigación y generación de conocimiento en todas las áreas, así como respetar y asegurar la autonomía de las comunidades para definir los problemas y las metodologías para abordarlos.

El Congreso de la Unión, expresó, debe tomar en cuenta la opinión razonada y basada en experiencia que la academia desea transmitirle a sus legisladores.

Por su parte, Sergio Revah Moiseev, director de Apoyo a la Investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, enfatizó que se requiere una legislación que impulse el desarrollo social y sostenible de la ciencia y la tecnología de forma real.

Las normas, dijo, deberían garantizar presupuesto para los centros de investigación, que incluyan a los proyectos que se desarrollan a mediano y largo plazo, así como destinar parte de las recaudaciones fiscales al rubro científico.

El director general de Investigación de la Universidad Veracruzana, Ángel Rafael Trigos Landa, afirmó que las universidades públicas representan la principal fuente generadora de recursos humanos de conocimiento en diferentes especialidades, por ello, es necesario apoyar para que se mantengan, crezcan y evolucionen, si no, México perderá su capacidad para responder a los retos nacionales.

Pese a que se han creado más instituciones educativas de conocimiento científico, no se puede descuidar el presupuesto que se asigna a los centros de estudio más importantes como la UNAM, por el contrario, dijo, el Estado debe incrementar los recursos para ofrecer educación de calidad a las y los jóvenes del país, consideró el investigador.