La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) presentó una iniciativa a fin de que los municipios elaboren un padrón de predios de su propiedad y lo mantengan actualizado para su entrega en el proceso de cambio de gobierno a la nueva administración.
La propuesta de reforma al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, plantea además que la omisión o entrega irregular de este padrón dará lugar a responsabilidad administrativa establecida en las normas locales para el presidente municipal y demás servidores públicos responsables de su elaboración y actualización.
Estipula que corresponde a los municipios emitir acuerdo de liberación de predios de su propiedad, por causa de utilidad pública debidamente fundada y motivada, privilegiando la creación de centros sociales, culturales, deportivos, área verde para parques y esparcimiento, y uso habitacional para población en condición de vulnerabilidad, en los términos de las leyes locales.
El documento, turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen, considera que dicho inventario abonaría a la adecuada planeación territorial, al combate a la especulación inmobiliaria y la invasión de terrenos, y obligaría a aquellos beneficiarios de donaciones por parte del municipio a cumplir con el objeto de la misma, so pena de que el municipio reclame el inmueble, independientemente de los cambios de administración.
Refiere que la falta de información actualizada en materia registral y catastral en los municipios contribuye al deficiente ordenamiento territorial, corrupción, disposición ilegal de predios, especulación inmobiliaria y la falta de uso óptimo del suelo.
Precisa que se ha intentado modernizar los registros catastrales, pero muchos municipios desconocen los predios con vocación urbana que conforman su territorio y que pueden ser utilizados para el crecimiento ordenado de sus ciudades, y la distribución adecuada y eficiente de la población.
“Las instituciones catastrales y registrales no cuentan con mecanismos que brinden seguridad jurídica a propietarios de predios e inmuebles, lo que genera inseguridad en el mercado hipotecario y especulación inmobiliaria”. Además, se perjudica la captación de recursos a través de impuestos como el predial, lo que impacta directamente en la solvencia y sustentabilidad de las finanzas públicas.
Destaca la necesidad de que este orden de gobierno tenga padrones catastrales y registrales actualizados que den cuenta de los predios que física y jurídicamente existen en su territorio para combatir las insuficiencias en el ordenamiento y la planeación territorial, así como la especulación de inmuebles y posible corrupción.
Ello contribuirá a la plena identificación, ubicación, uso y regularización del inmueble, aportará legalidad a la liberación de predios y mejorará prácticas y procedimientos de los municipios que, en algunos casos, desconocen la disponibilidad de predios que pudieran destinar al desarrollo urbano y la vivienda, puntualiza.
Foto: Cámara de Diputados