La diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) promueve una iniciativa que reforma los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, a fin de aplicar sanciones administrativas a las autoridades y personal educativo que ejerza cualquier tipo de violencia verbal, física y psicológica contra estudiantes.
Asimismo, para que se generen protocolos de actuación ante conductas de violencia escolar, imputables a miembros de esta comunidad, en diferentes medidas respecto y conforme a su grado de responsabilidad.
“Se buscan proteger a los niños, niñas y adolescentes en el lugar que debe de ser el más seguro para ellos que es la escuela y evitar que estas agresiones sigan sucediendo”, indicó en conferencia de prensa.
Castell de Oro Palacios expuso que lamentablemente en México existen diversos tipos de violencia dentro de las instancias educativas, que incluso han derivado en quemaduras de tercer grado y lesiones importantes como fracturas, y que con el paso del tiempo han ido acrecentando en cifras.
Explicó que generalmente la violencia escolar es asociada a las agresiones de alumnos a profesores o de alumno a alumno, pero pocas veces se piensa en la que viene del profesor a los propios estudiantes, o incluso a otros docentes, ya sea por acciones propias, involuntarias o dolosas, o bien por omisión ante el conocimiento de hechos que sucedan.
Detalló que en el caso específico de la violencia docente se da a través de tratos crueles, inhumanos y en ocasiones degradantes, que dañan la integridad de los alumnos en diversos grados, atentando contra la psicología del menor incluso de forma permanente, aunado a que suele lesionar y desmotivar el proceso de aprendizaje.
En ese sentido, la diputada panista indicó que el artículo 73 de la Ley General de Educación menciona que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, al saber de algún delito en agravio de los educandos, tienen la obligación hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente.
Sin embargo, dijo, no establece ningún tipo de sanción cuando esto no se lleve a cabo, lo que permite caer en omisiones o supuestos donde resulta más simple para los adultos ignorar la problemática o simplemente no involucrarse.
Por ello, subrayó la importancia de perfeccionar esta ley y subsanar estos vacíos normativos, en virtud a que se violentan diversos derechos contenidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, empezando por el artículo 46 de la misma, que establece el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
“Mi deber no es solo ser diputada también soy una mujer preocupada por la seguridad e integridad de nuestros hijos porque también soy madre y abuela por ello presento esta iniciativa, ya que el acoso y la violencia escolar tiene un impacto real y duradero en el bienestar físico y emocional de nuestros niños y niñas, que muchas veces se normaliza, cuando deberían ir a la escuela seguros”, externó.
Realizó un llamado a las autoridades escolares para que inicien acciones preventivas y de planeación, con el objetivo de aminorar dicho fenómeno que afecta a los diferentes niveles educativos.
Por su parte, la señora Dulce, madre de familia de un joven que sufrió violencia, denunció que en vez de soluciones ha recibido amenazas por parte de las autoridades del plantel educativo de su hijo, incluso contra su vida.
Demandó al Presidente de la República su intervención para que se haga justicia en el caso de su progenitor y confió en que esta propuesta se avalada para que haya sanciones para quienes agredan a los estudiantes.