La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge propuso reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, con el objetivo de generar un sistema eficaz de contrapesos.

La legisladora de Acción Nacional sugirió que, en el caso de que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, no proceda a dictaminar alguna petición de juicio político, en el plazo de un periodo ordinario de sesiones, la Junta Directiva será removida, proponiéndose una nueva.

Asimismo, planteó que en ningún caso la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República deje de enjuiciar, cuando se den los supuestos a los que se refiere el artículo 5o., de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De igual manera, propuso que en el caso de que la Comisión Jurisdiccional del Senado no proceda a dictaminar, en el plazo de un periodo ordinario de sesiones, la Junta Directiva será removida.

Recordó que el juicio político es un medio de control que es formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. “Es, sin duda, el medio más riguroso para evitar excesos de poder

Comentó que esta figura jurídica sólo se usa como amenaza contra opositores del régimen o medida extrema ante casos penales graves.

Indicó que la discrecionalidad en materia de juicio político, es causa de la parálisis de la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados, con lo que se detiene el proceso total.

“La credibilidad del juicio político en México está en entredicho. Entre 2003 y 2017 la Comisión Jurisdiccional recibió un total de 356 solicitudes de juicio político, no habiendo procesado ninguna”, apuntó.

Consideró pertinente establecer un mecanismo de sanción específico, el cual deberá respetar el fuero, como la remoción de la Junta Directiva de la Comisión Jurisdiccional.

La iniciativa fue enviada a las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos Segunda.