La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) impulsa una iniciativa que busca tipificar el delito de feminicidio en grado de tentativa con una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia para dictamen y a la de Igualdad de Género para opinión, plantea reformar el párrafo tercero y adicionar una fracción XIII Bis al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y modificar la fracción E) del artículo 85 y el artículo 325 del Código Penal Federal, a fin de establecer que comete el delito de feminicidio en grado de tentativa quien atente en contra de la vida e integridad de una mujer por razones de género.

También estipula que el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en caso de feminicidio en grado de tentativa.

La proponente refirió que con esta reforma se avanza en la erradicación y prevención del feminicidio, toda vez que en la actualidad atentar directamente, con alevosía y ventaja, en contra de la vida de una mujer, con toda la intención de asesinarla y no lograrlo, es un delito que no vale, que no cuenta, por lo que no se castiga.

En este sentido, expresó que atender este tema es un reto inconcluso desde hace ya mucho tiempo, pues de acuerdo con organismos internacionales en la materia señalan que México ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a feminicidios.

La legisladora del PVEM subrayó que el número de feminicidios año con año crece significativa y alarmantemente, ya que tan solo en 2020 se registraron alrededor de mil 471 feminicidios, siendo el estado de México la entidad que ocupó el primer lugar con un total de 704 vidas de mujeres, seguido por Veracruz y la Ciudad de México.

Ante este panorama consideró viable su propuesta, pues atiende un delito grave, condenable y vergonzoso, el cual ha dañado a las mujeres en general y a las familias en lo particular, de quienes desafortunadamente lo han padecido.

Concluyó que es corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno coadyuvar en la protección a la población en general, en promover la denuncia, de salvaguardar a las víctimas directas o indirectas y en garantizar la seguridad, la paz y tranquilidad en todos los rincones del país.