La policía francesa cerró el sábado una gran fiesta en el noroeste de Francia que se estaba celebrando desde la víspera de Año Nuevo, desafiando el toque de queda y las restricciones del coronavirus.
Alrededor de 2.500 personas habían asistido a esta fiesta ‘rave’ en un almacén abandonado en la localidad de Lieuron, cerca de Rennes. Algunos de los participantes se enfrentaron a los agentes el sábado, dijo la policía.
El ministro de Interior, Gerald Darmanin, dijo en Twitter que los asistentes al evento fueron multados y que se estaba identificando a los organizadores, que serán procesados.
La prefectura de Ille-et-Vilaine dijo en Twitter que hasta el momento se habían impuesto 800 multas por asistir a una fiesta ilegal, romper el toque de queda y no llevar mascarillas. Las autoridades sanitarias locales instaron a los asistentes a aislarse durante siete días.
Los fiscales de Rennes han abierto una investigación sobre la organización ilegal de la ‘rave’, así como sobre los enfrentamientos de algunos de los asistentes contra las fuerzas del orden, indicó la prefectura.
Un coche de policía fue incendiado y otros tres dañados, agregó la prefectura. Los asistentes a la fiesta lanzaron botellas y piedras a los agentes, algunos de los cuales sufrieron heridas leves.
Con el mayor número de casos de COVID-19 en Europa occidental, Francia está intensificando las restricciones y ha impuesto un nuevo toque de queda, que entra en vigor el sábado, en 15 departamentos del noreste y sureste del país. En esas regiones, no podrá haber nadie fuera de sus casas a partir de las 6 pm (en el resto del país el toque de queda continuará a las 8 pm).
Francia ya ha ordenado dos confinamientos nacionales desde el inicio de la pandemia.
Mientras, en España, en la localidad de Llinars del Vallès (Barcelona), la policía también desalojó el sábado otra ‘rave’ que se celebraba desde el 31 de enero y que contó con cerca de 200 participantes.
Los tres organizadores del evento fueron arrestados, indicaron los agentes, añadiendo que tanto ellos como los asistentes serían acusados y se enfrentarían a multas de entre 3.000 y 600.000 euros.
REUTERS