A raíz de diversas denuncia por parte de los habitantes de la junta auxiliar de San Nicolás Tetitzintla y la inspectoría de San Vicente Ferrer en Tehuacán, dónde han señalado la existencia de Policías de Barrio Armados, el diputado local que representa este distrito, Fernando Sánchez Sasia, presentó un Punto de Acuerdo para que autoridades estatales y municipales realicen de manera urgente una revisión a los prestadores de este servicio y verifiquen si cuentan con permisos de portación de armas y de la clave única de identificación policial (CUIP).

El legislador poblano puntualizó que existen 200 policías de barrio dispersos en diferentes comunidades subalternas, de quienes en los últimos meses se han dado a conocer quejas, señalándonos de portar arma de fuego, lo cual no está permitido, pues carecen de la capacitación para utilizarla.

Subrayó que los prestadores de servicios de seguridad privada, tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades e instituciones de seguridad pública con las limitaciones que establezca la autoridad respectiva, quedando prohibido ejercer funciones exclusivas de las autoridades en materia de seguridad pública.

Sánchez Sasia hizo hincapié en la gravedad del tema, ya que dichas organizaciones y grupos operan en la ilegalidad y son “contratados” o “avalados” por las autoridades municipales o auxiliares quienes, sin estar facultados para brindar este servicio, ofrecen de manera privada dotar de seguridad a los habitantes; poniendo en peligro la integridad de la población al no verificar que estos prestadores de servicios, cumplan cabalmente con los requisitos de operación y funcionamiento exigidos por la ley.

Por todo lo anterior, exhortó a la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública del Estado para que en coordinación con el Ayuntamiento de Tehuacán, realicen una inspección que permita detectar y erradicar la operación ilegal de estos grupos.

Asimismo, para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, revise y actualice el padrón de prestadores de servicio de seguridad privada y del personal directivo, administrativo, operativo y técnico a fin de que cumplan con las disposiciones de la Ley de Seguridad Privada del Estado, su reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.

De igual manera, para que, revise minuciosamente que las instalaciones, vehículos, equipos de radiocomunicación, uniformes, aditamentos de seguridad, armamento, comando canino y demás equipo utilizado por las empresas de seguridad privada, se encuentren justificados, dentro del marco legal y, en su caso, cuenten con los permisos correspondientes.

Y finalmente, solicitó al Ayuntamiento de Tehuacán, informe al Congreso del Estado, bajo que normativa operan las organizaciones, grupos de vecinos vigilantes y/o policías de barrio detectados que ejercen funciones de seguridad pública en el municipio y sus juntas auxiliares y, si les han proporcionado vehículos, motocicletas, equipos de radiocomunicación, uniformes u otros aditamentos de manera directa o a través de un tercero, bajo que esquema jurídico se llevó a cabo.