El diputado Gabriel Quadri de la Torre (PAN) presentó este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y quien o quienes resulten responsables, por los delitos ambientales y desacatar órdenes judiciales en la construcción del Tren Maya.

“Es una denuncia inédita en la historia moderna del país, porque estamos enfrentando delitos ambientales muy graves cometidos por la autoridad, en los cuales, está involucrado el Ejército, algo gravísimo, que nunca se había visto en México, en el cual las Fuerzas Armadas fueron puestas en un estado de vulnerabilidad tan grande como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López en la construcción del Tren Maya”, indicó en un comunicado sobre una rueda de prensa que ofreció sobre el tema.

Quadri de la Torre explicó que Javier May Rodríguez, director general de Fonatur, responsable del proyecto Tren Maya, está obligado a la realización de todos los actos inherentes a la preparación y ejecución de las obras que comprende el proyecto, ya que es responsable de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel regional.

Lo anterior, dijo, a efecto de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la tala de la selva mediana en el nuevo trazo del Tramo 5 del Tren Maya y determine las medidas de remediación correspondientes, en términos de los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

“El presidente López lo que está haciendo es violando la ley, violando la Constitución y violando la Ley de Seguridad Nacional, para tratar de encubrir los delitos ambientales que está cometiendo en el caso del Tren Maya y, con la finalidad también de opacar, de establecer un manto de opacidad y corrupción”, señaló.

Explicó que su denuncia plantea las siguientes violaciones a los artículos 4 de la Constitución, que establece el derecho para todos a un medio ambiente sano; 73, que da facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad nacional; y 89 que define claramente que el Presidente de la República solamente tiene facultades en materia de seguridad nacional, en los términos que establezcan las leyes.

“El presidente López está violando la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 3 y 5, en donde se establecen los casos en los cuales se puede ver afectada la seguridad nacional y las cosas, proyectos o acciones, decisiones o situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, en ningún momento la Ley prevé que un proyecto como el del Tren Maya, puede ser objeto de declaratoria de seguridad nacional”.

Quadri de la Torre refirió que el Código Penal establece en sus artículos 418 y 420 quater como delitos ambientales con penas de cárcel la deforestación y la destrucción de la vegetación del arbolado, sin los permisos correspondientes, lo cual está ocurriendo en Quintana Roo, en el caso del Tren Maya, a manos del Ejército Mexicano.

Señaló que se incurre en responsabilidades por incumplir suspensiones, de acuerdo con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo que prevé que:

“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca una suspensión debidamente notificada”, añadió.

Ante ello, el diputado panista apuntó que el Presidente de la República “directamente está ordenando y llevando al Ejército a ubicarse en una posición de delincuente ambiental, violando el Código Penal, violando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Amparo, algo gravísimo que nunca había ocurrido”.

Consideró que es una situación parecida a la que ocurre en dictaduras como en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte, en la cual “se le dan al Ejército negocios, contratos y proyectos, con la finalidad de comprarlo para seguir apoyando o mantener la legitimidad de esos dictadores de los cuales hemos hablado.

“Entonces, es una situación peligrosa, tiene como contexto la militarización del país, implica por primera vez, por primera vez delitos ambientales, en este caso, cometidos por el Ejército”.

Enfatizó que la FGR tendrá que investigar e ir fincando responsabilidades para también, llevar a juicio a las personas responsables, aunque sean parte de las Fuerzas Armadas.

Foto: Cámara de Diputados