Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, encabezados por su coordinador, Rubén Moreira Valdez, afirmaron que en el Proyecto del Paquete Económico 2023, el gasto público se proyecta en casi 8.29 billones de pesos y, a pesar de ser el más alto de la historia, no refleja la tan anunciada austeridad presupuestaria, ni tampoco privilegia la inversión pública y social.

Por ello, en una conferencia de prensa, el líder congresista garantiza que su bancada realizará 300 asambleas en todo el país, para dar a conocer el deficiente Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) del próximo año, que envió el Gobierno Federal y las alternativas para combatirlo.

El proyecto fiscal y presupuestario alterno de crecimiento de los priistas, llamado “Programa para la Defensa de la Economía Familiar y el Empleo”, pretende mejorar la distribución de los recursos públicos y fortalecer el económico, a través del desarrollo de infraestructura, de programas y apoyos fiscales que contribuyan al apoyo del sector productivo, a las pequeñas y medianas empresas, así como a los trabajadores de ingresos más bajos.

Entre las medidas planteadas por el exgobernador de Coahuila, se contempla aumentar el presupuesto al campo, el gasto en medicamentos e infraestructura hospitalaria, garantizar los tratamientos de cáncer e invertir en vacunas, más recursos para el servicio de agua potable, drenaje, electrificación y regularización de la tierra urbana, incrementar los subsidios a universidades públicas y recursos para fortalecer los sistemas pensionarios de estas entidades.

Invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras, mayor partida para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente, reactivar el programa 3 por 1 para las comunidades migrantes y los fondos para apoyar a las personas con discapacidad, así como destinar fondos para la promoción de México en el extranjero, son otras de las propuestas de los diputados federales del PRI.

Para amortiguar el peso de la crisis económica y distribuir mejor la riqueza, los legisladores del tricolor buscarán que se eliminen comisiones bancarias que dañen a las clases más necesitadas, restablezcacer los programas de apoyo crediticio a través de la Secretaría de Economía y Nacional Financiera, establecer la tarjeta de apoyo fiscal para reducir los impuestos que tienen que los trabajadores, analizar la baja del IVA en las fronteras, disminuir impuestos para actividades regionales que generan nuevos mercados pagar, como la producción de mezcal, vinos de mesa y artesanías.

Al participar, el diputado federal y exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, expresó que desde el presupuesto de 2022 se advirtió que el paquete fiscal no cumple con elementos fundamentales, como ser realista y no sobreestimar indicadores. El crecimiento, puntualizó, lo calculó en 4.1 por ciento y estamos al 2.4 por ciento, por lo que no se llegó a la meta estimada, como pasó con la inflación que fue el doble de lo estimado en el paquete de este año.

Lo anterior, luego de destacar que el costo de la deuda está prácticamente incrementando en un 30 por ciento, y como puntos del Producto Interno Bruto, está llegando al 3.4 por ciento, lo que implica que se gaste en el costo financiero, más que en educación o en salud.

Un fuerte reclamo, hizo la diputada federal Frinné Azuara, quien enfatizó que a 4 años de operación la actual administración ha ido de fracaso en fracaso en el modelo de salud que tanto prometió a los mexicanos. Explicó que en el presupuesto 2023 para este ramo, se contempla solo el 0.81 por ciento del PIB, muy por debajo del 1 por ciento prometido y cuestionó que ahora se plantee una reducción de 14 mil 304 millones de pesos en el gasto para medicamentos, respecto al monto aprobado en 2022.

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, María de Jesús Aguirre Maldonado, sostuvo que es necesario buscar la ampliación de 29 mil millones de pesos al presupuesto del campo para fortalecer la seguridad alimentaria, dignificar la actividad de los productores agropecuarios y robustecer el desarrollo del campo mexicano. Manifestó su preocupación por la eliminación del Programa de Atención a las Mujeres en situación de violencia y por el impacto fiscal en la economía de los productores del régimen simplificado de confianza.

A su vez, la legisladora priista y presidenta de la Comisión de Ganadería, María del Refugio Camarena, aseveró que, en los últimos meses, productos de la canasta básica que provienen de la cadena de valor pecuaria han tenido incrementos en sus precios superiores directamente a los pequeños y medianos productores ya los consumidores. Además, expuso el impacto que ha tenido en este sector la crisis del agua, la dependencia de importaciones y la falta de apoyos.

Hizo un llamado a todas las bancadas para quitarse los colores y hacer un gran esfuerzo por salvar la ganadería en México, la cual, dijo, no puede sobrevivir con el 0.1 por ciento de presupuesto.

Finalmente, la diputada Melissa Vargas solicitó al INEGI revisar la situación del Estado de México, al que consideraría un trato financiero injusto. Por su parte, la vicecoordinadora de los diputados federales del PRI, Blanca Alcalá, subrayó que el rubro para educación es una prioridad, por lo que insistirán en la recuperación de fondos para programas importantes del ramo y en cambiar el proyecto presupuestal.