Con el objetivo de establecer en la Ley Para el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia Para el Estado de Puebla, que las autoridades aseguren el respeto, difusión y promisión de sus derechos, la diputada Mónica Lara Chávez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Encuentro Social, presentó ante el pleno de la LX Legislatura una Iniciativa de Decreto para facultar al DIF pueda solicitar la custodia de las víctimas.

La legisladora argumentó que las mujeres con discapacidad se han convertido en un sector excluido con violación de sus derechos humanos, en el acceso a la salud, educación y laboral, enfrentando un trato desigual para acceder a estos beneficios.

Del 2011 a la fecha, la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones de Hogares (ENDIREH) y el estudio sobre la Violencia Hacia las Mujeres en el Municipio de Puebla dio a conocer que una de cada dos mujeres con discapacidad en el estado ha sido víctima de violencia, mientras que tres de cada diez mujeres sin discapacidad fueron violentadas en Puebla.

De acuerdo con el informe ejecutivo de diagnóstico de la violencia contra las mujeres con discapacidad en Puebla, realizado por la Agrupación Juvenil Xonaca A.C, arrojó que entre las manifestaciones de violencia más frecuentes son: negligencia o descuido, negación de comida, falta de cuidado, abuso físico, trato inadecuado de personal médico, manipulación, abuso psicológico, agresión verbal, intimidación, aislamiento y privación de la libertad, así como el abuso sexual y explotación económica, además del control de su dinero, discriminación social e institucional.

Las reformas que se plantean al artículo 48 de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Puebla, plantea suscribir convenios de colaboración, asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres, atender de manera inmediata la petición de cualquier integrante de la administración pública que conozca y denuncie actos de violencia en contra de las mujeres.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis, dictaminación y aprobación.