La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) informó que este miércoles, presentó 29 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), resultado del análisis de cinco auditorías: tres realizadas en 2019; una en 2020 y otra en 2021 a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relativas a un monto superior a los 170 millones de pesos.

En un comunicado, destacó que, en el caso de la cuenta pública 2019, la ASF pidió a la STPS, aclarar el destino de 66.7 millones de pesos; respecto a la cuenta pública 2020, solicitó aclarar 24.9 millones de pesos; y, por lo que hace a 2021, aclarar el destino de 78.8 millones de pesos, que no pudieron ser justificados, dando el total de 170 millones.

La legisladora enlistó algunas de las irregularidades señaladas, entre las que destacan pagos a jóvenes que recibían simultáneamente otras becas, lo cual no se encuentra permitido de acuerdo a la normatividad del programa.

“En la revisión de las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, la ASF identificó que seis mil 937 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que recibieron apoyos por 102.3 millones de pesos también recibieron recursos de otros programas sociales relativos a apoyar a jóvenes en el sector educativo”, detalló.

Por ejemplo, Pérez-Jaén Zermeño expuso que el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en su modalidad educativa, otorga becas para la permanencia y terminación escolar de las alumnas y alumnos en instituciones de educación superior a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Al respecto, señaló que se encontraron coincidencias de becarios entre el Padrón de Beneficiarios proporcionado por dicha coordinación y el Padrón de Beneficiarios de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, proporcionado por la STPS, de lo que se identificó a 760 becarios que recibieron pagos por un monto total de 8.5 millones de pesos.

Asimismo, se determinaron beneficiarios que, durante el periodo de capacitación, se encontraban trabajando, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público, lo que no se encuentra permitido de acuerdo a la normatividad del programa.

Mencionó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), proporcionó a la ASF la Base de Datos Única de Derechohabientes en la que se identificaron 640 becarios que se encontraban laborando durante el periodo de capacitación del programa objeto de revisión.

Por su parte, de la información brindada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se identificó que 33 mil 909 becarios contaron con dos o más registros patronales, es decir, “que los becarios del programa se encontraban trabajando durante el periodo de su capacitación”.

“Situación que se repitió en el ejercicio 2021 en el que igualmente se determinaron beneficiarios que durante el periodo de capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se encontraban trabajando en el sector público”, añadió.

• Pagos a jóvenes posterior a su fecha de fallecimiento.

En las cuentas públicas 2019 y 2020, explicó que la ASF identificó pagos posteriores al fallecimiento de 114 beneficiarios por 0.8 millones de pesos.

Expuso que la ASF envió al Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación (Renapo), la relación proporcionada por la STPS consistente en un millón 120 mil 543 beneficiarios que participaron en el Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” durante el ejercicio 2019, para que informaran el estatus de los beneficiarios (vivo o fallecido), y en el supuesto de reportar a algún beneficiario como fallecido, se solicitó que el Renapo remitiera copia certificada del acta de defunción correspondiente. De la respuesta de la Secretaría de Gobernación, se identificó que 68 beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibieron pagos en sus cuentas bancarias posteriores a la fecha de su fallecimiento.

• Pagos a jóvenes que se encontraban recibiendo salario por laborar como servidores de la nación.

En las cuentas públicas 2019 y 2021, mencionó que la ASF identificó que 161 beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que recibieron apoyos por 3.8 millones de pesos también se encontraban prestando servicios profesionales por honorarios o de manera eventual como “Servidores de la Nación”.

Dijo que mediante la confronta de las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) contenidas en el padrón de beneficiarios del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” de los estados de Chiapas y Ciudad de México contra la base de datos de los “Servidores de la Nación” (personal administrativo que auxilia y apoya para la implementación de los programas integrales de desarrollo contratados por la Secretaria de Bienestar, por concepto de la prestación de servicios profesionales por honorarios o como personal eventual), se identificaron a 47 “Servidores de la Nación” que recibieron recursos por 507,600 pesos como becarios del citado programa.

“Lo cual es contrario al objetivo general establecido en los lineamientos para la operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es aumentar la empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan por medio de capacitaciones en el trabajo”, ya que al tratarse de ‘Servidores de la Nación’ están prestando un servicio laboral y percibiendo un salario mensual, por lo que el contar con un trabajo es una causal de negación o suspensión de las becas del referido programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, enfatizó.

• Pagos indebidos a beneficiaros en los que no se comprobó la capacitación recibida.

Exhibió que a través de seis centros de trabajo: Organicomercial, S.A. de C.V.; Servicios de Personal del Estado de México, S.A. de C.V.; Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V.; Centro de Capacitación Integral de Apatzingán; INAEP, S.A.S. de C.V.; y Barista Factory, S.A.S. de C.V, se pagó durante el ejercicio 2019 a mil 157 beneficiarios del programa un total de 15.4 millones de pesos, sin que pudiera acreditarse la capacitación recibida, la existencia de los centros de trabajo, o que estos contaran con las visitas de verificación por parte de la STPS y, en algunos casos durante la visita no se encontró ni al tutor ni a los becarios, así como un caso en el que el domicilio fiscal del centro de trabajo se encontraba en el Estado de México, cuando la capacitación se dio supuestamente en la Ciudad de México.

Además, destacó que las observaciones refieren únicamente a una muestra correspondiente a los padrones de beneficiarios de los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México, Chiapas, CDMX, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Tabasco y Veracruz, en las distintas cuentas públicas revisadas.

Por lo que refiere a la auditoría de desempeño 373-DE de la Cuenta Pública 2019, arribó a conclusiones que hacen manifiesta la ineficiencia e ineficaz regulación del programa, su inoperancia como antecedente de irregularidades que fueron detectadas con posterioridad, como por ejemplo:

• Los objetivos e indicadores no fueron adecuados para llevar un apropiado seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa.

• En el marco regulatorio del programa no se estableció́ una unidad responsable del diseño, implementación y seguimiento del programa.

• No contó con Manual de Organización General de la STPS actualizado lo que provocó un riesgo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ya que no se establecieron los requisitos y responsabilidades de cada puesto de trabajo, ni las disposiciones de permanencia laboral de los servidores públicos.

• En los lineamientos no se establecieron los mecanismos de distribución, operación y administración para un acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros, para la dispersión de las becas, además de una cuenta bancaria.

• El listado de personas capacitadas careció́ de confiabilidad, debido a que de los 1,120,543 beneficiarios inscritos en 2019 al programa, 37,815 fueron inscritos en 2018, antes del inicio de operaciones del mismo, en enero de 2019.

Pérez-Jaén Zermeño agregó que “es inconcebible que una incipiente e inexperta funcionaria haya manipulado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y le haya dado mal uso al presupuesto asignado para éste en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Finalmente, la legisladora panista dijo que “Luisa María Alcalde y Morena navegan con una falsa bandera de apoyo a los jóvenes y la realidad es todo lo contrario, los engañan, los manipulan y los toman como carne de cañón para muchos dichos y nada de hechos. Con esto pretendemos que los jóvenes se den cuenta de que Morena los ha engañado y que el programa se ha convertido en un nido de corrupción.”

“No quiero imaginar qué sucederá con los 23 mil millones de pesos que tiene presupuestados para ejercer este año el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el uso que le darán de cara al proceso electoral”, concluyó. (EGV)

Foto: Cámara de Diputados