La diputada Evangelina Moreno Guerra (Morena) informó a los especialistas de las Naciones Unidas, quienes documentan y emiten recomendaciones relacionadas con detenciones arbitrarias, sobre la creación de una red de legisladores federales que acompañan el caso de Kenia Hernández Montalván, de quien se tiene conocimiento hasta la fecha de 11 procesos en su contra.

Entre ellos, dijo, dos sentencias sumando más de 20 años en prisión en el Estado de México. Los otros nueve son procesos federales por el supuesto delito de ataques a las vías generales de comunicación, tres de los cuales han sido suspendidos.

Esto, como parte de sus labores como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, la diputada tijuanense les recordó que en la conferencia matutina del 30 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, será quien atenderá el caso de la activista amuzga Kenia Hernández.

Derivado de ello, “le hicimos llegar a Rosa Icela Rodríguez un oficio informándole de la creación de la red de diputadas y diputados, y le solicitamos una audiencia”, mencionó.

La diputada indicó que la petición fue atendida puntualmente y fue programada para una reunión de trabajo con funcionarios de alto nivel de la SSPC, quienes mostraron la mayor apertura y disposición a coordinarnos dentro del marco de sus competencias y con quienes tomaron los siguientes acuerdos:

1.- Garantizar un trato digno a Kenia Hernández en el reclusorio federal en que se encuentra.

2.- Coadyuvar y coordinarnos tanto la SSPC, así como la red de legisladores con la defensa jurídica de Kenia Hernández y valorar la posibilidad de un traslado a otro penal que no sea de máxima seguridad.

3.- Gestionar una reunión de trabajo con la parte acusadora, es decir Caminos y Puentes Federales (Capufe), para intentar negociar un acuerdo reparatorio.

Ante tal situación, la diputada por Tijuana solicitó al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias hacer las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano:

1.- Revisar el caso de la activista indígena Kenia Hernández y que se respeten sus derechos procesales y el debido proceso.

2.- Reformar diversos ordenamientos jurídicos, entre ellos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que se reconozca a los indígenas como sujetos de derecho público y se consoliden instituciones que reconozcan la diversidad del país y no se criminalice a los indígenas mexicanos por utilizar sus sistemas normativos internos.

3.- Que antes de recurrir a la privación de la libertad, el Estado mexicano implemente mecanismos no punitivos para la solución de conflictos con miembros de comunidades indígenas que exigen solución a demandas concretas de sus localidades.

4.- Que, tanto en el Poder judicial de la Federación, como en los poderes judiciales locales, se creen áreas especializadas para juzgar con perspectiva intercultural, porque además de la criminalización de la lucha social y de la pobreza, los indígenas en México tienen que enfrentar un aparato judicial discriminatorio y racista.

Foto: Cámara de Diputados