En marzo de 2015, María Teresa Viniegra Luna inició un litigio contra Antonio Díaz Jiménez, Martín Xicotencatl Martínez, Notario número uno de Ocampo, Tlaxcala, y Francisco Javier Fuentes, quienes a mediante la falsificación de un poder realizaron operaciones de compra-venta de su propiedad, un terreno de más de 10 mil metros cuadrados conocido como Llano Grande, ubicado en la San José Zacatepec, municipio de Huejotzingo.

La propiedad es el patrimonio que María Teresa Viniegra forjó a lo largo de su vida laboral y es el respaldo económico una vez que ha llegado a la tercera edad y no tiene la capacidad para seguir trabajando.

Durante los últimos siete años ha intentado recuperar por la vía legal el predio que fue vendido con documentos falsos pero ha enfrentado un sistema judicial viciado sin lograr que se haga justicia a su caso.

Desde el inicio del litigo, María Teresa Viniegra ha sido víctima de omisiones y maniobras jurídicas con las que se ha intentado evitar el desarrollo del juicio e incluso cancelarlo.

En esta trama legal están involucrados los jueces Roberto Antonio Mendoza Salmorán y Amada María Teresa Márquez Bermúdez, esta última actual juez primero de lo civil del distrito judicial de Huejotzingo.

La juez Márquez Bermúdez dicto hace unos meses una sentencia en contra de María Teresa Viniegra y sus abogados en la que argumenta que no podían probar que su firma fue falsificada debido a que no existe en los registros de las notarías dicho instrumento jurídico, pese a que con ese supuesto documentos un fedatario público avalo la venta ilegal del terreno.

Esta acción, por parte de la juez Amada María Teresa Márquez, representa un delito que atenta contra la procuración y administración de la justicia.

Por esta razón, los abogados defensores y la victima determinaron presentar una denuncia penal contra la juez y documentaron las conductas delictivas en las que incurre al dictar una sentencia de dichas características.

Sin bien es un hecho inusual, tanto la víctima como sus abogados, determinaron presentar dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que la juez sea investigada y juzgada por violar el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.