El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el libro “Disputas y desafíos de los derechos humanos”, obra coordinada por el doctor José Adriano Anaya y el doctor Roberto Leonardo Cruz Núñez, en el cual se aborda la problemática de derechos humanos, límites territoriales y de contaminación que enfrenta el estado de Chiapas.
El legislador de Morena reconoció que en su estado natal hay problemas de límites territoriales y expulsiones por la religión que profesan las personas; además de que en el texto se abordan temas de los pueblos y comunidades indígenas que han sufrido discriminación histórica.
Comentó que en el libro los autores mencionan el tema de la Selva Lacandona, que es el pulmón ambiental más importante de América Latina, junto con la selva del Amazonas en Brasil, donde nadie –afirmó-, ha podido contener la deforestación. De seguir así, agregó, se corre el riesgo de que en algunas décadas desaparezca por los problemas políticos, familiares y la disputa de quienes tienen bienes comunales en la zona.
“Hay una serie de intereses económicos y privados en la explotación de ciertos recursos naturales. Tenemos la responsabilidad de exponerlo”, pues es una asignatura pendiente del Gobierno federal”, reconoció.
A su vez, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, señaló que en nuestro país prácticamente no hay opciones de formación en términos especializados de litigio y de seguimiento de casos; es una especie de “divorcio”, apuntó.
Dijo que, en el libro, los autores nos dicen cómo los derechos humanos deben defenderse de manera concreta.
José Adriano Anaya, uno de los coordinadores de éste libro, reconoció que el estado de Chiapas registra muchos problemas sociales; ocho de cada 10 habitantes viven en la pobreza; hay problemas históricos de impartición de justicia; y se aplican bastante mal las leyes y el derecho.
Denunció que el cien por ciento del agua dulce que hay en aquella entidad está contaminada. Hay lugares donde el agua no es apta para el consumo humano. Ligado a este problema, está el saneamiento de aguas negras, ya que de las plantas tratadoras que se instalaron hace 15 o 18 años, sólo el 15 por ciento de ellas funcionan.
Señaló que en el caso de la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas ha tenido un crecimiento enorme y no cuenta con una planta de tratamiento de agua residual. Hay dos recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos sobre ese tema y no se atiende.
Agregó que aquella localidad también enfrenta problemas por lotificaciones irregulares de un grupo de la delincuencia organizada, junto con gravísimos problemas de agua potable y alcantarillado.
Anaya refirió que impulsan una iniciativa de reformas en la Constitución estatal para que se reconozca el derecho a la naturaleza y de esa forma ser sujetos de derechos. “Tenemos que defender la naturaleza, primero de forma jurídica y después socialmente, porque no podemos continuar con la devastación ni con la contaminación”, declaró.
Foto: Senado
