Las reformas se plantearon para el artículo 85 Bis y 323 Bis del Código Penal

El diputado Néstor Camarillo Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 85 Bis y 323 Bis del Código Penal del Estado, con el propósito de elevar las penas por el delito de imprudencia cuando cause homicidio o lesiones.

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el diputado expuso su propuesta, la cual precisa que, cuando con el delito de imprudencia cause homicidio o lesiones de las enumeradas en los artículos 307 y 308 fracciones IV y V del Código Penal, se sancionarán de dos a once años de prisión.

La iniciativa también indica que, quien al conducir un vehículo de motor cause homicidio o lesiones, hallándose en estado de embriaguez superior al primer grado o bajo el efecto de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar, se sancionará de tres a doce años de prisión.

Durante su participación en Tribuna, el diputado mencionó la necesidad de respetar el uso de espacios públicos, pues se han dado casos en los que conductores de vehículos atropellan a ciclistas, que usan la bicicleta de manera recreativa o como medio de transporte.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, la diputada Nancy Jiménez Morales presentó una iniciativa por la que se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 29 y se adicionan las fracciones XIV Bis al artículo 4 y la XIV al 29 de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de establecer que corresponde al Estado, en materia de salubridad general, la prevención, detección, tratamiento y seguimiento del cáncer de mama.

La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis, también establece a la mastografía, como el estudio radiológico de las mamas, tomado con un aparato diseñado, especialmente, para este fin; y la mastectomía, como resección de tejido mamario, con fines terapéuticos.

Por su parte, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad Pública a que realicen las acciones necesarias de actualización, capacitación, cumplimiento y ejecución del “Protocolo de Actuación para Casos de Linchamiento en el Estado de Puebla”, junto con las autoridades municipales en la materia, incluyendo la difusión del contenido y alcance del referido Protocolo.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:

La iniciativa del diputado Jorge Estefan Chidiac para reformar las fracciones I y II del artículo 225 del Código Penal, con el objetivo de establecer que se aplicarán las penas por el delito de violación a la intimidad sexual a quien elabore la imagen de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.

Asimismo, la iniciativa del diputado Antonio López Ruiz para reformar la fracción II del artículo 213 de la Ley Orgánica Municipal, a fin de indicar que los presidentes municipales tienen como atribuciones establecer acciones y políticas en materia de prevención del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de éste y conductas antisociales, así como para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

Finalmente, se dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Karla Rodríguez Palacios para exhortar a los 217 Ayuntamientos a crear sus Células de Búsqueda Municipales, las que deberán integrarse y funcionar, con base en lo previsto en la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla; en caso de contar con estas unidades, incluyan los recursos suficientes en el ejercicio fiscal 2024 para que desarrollen sus funciones.

El punto de acuerdo fue turnado a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis.