El diputado Oswaldo Jiménez López presentó una iniciativa de reforma mediante la cual se adicionan el Capítulo VI, denominado “De los Planes, Políticas y Programas Anticorrupción de los Entes Públicos” al Título Segundo, y el artículo 36 Bis a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, para fortalecerlo con la implementación de diversas políticas.

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, el legislador presentó la iniciativa que plantea fortalecer el Sistema Estatal, con la finalidad de establecer las bases que deberán contener las políticas que combatan la corrupción en los Poderes Legislativo y Judicial, los organismos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como los municipios, sus dependencias y entidades.

La iniciativa plantea que, como mínimo, las políticas deben contener: mecanismos de coordinación; los principios rectores que rigen el servicio público, como los de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito; así como medidas encaminadas para la prevención, detección y combate a la corrupción.

Además, acciones de difusión de las sanciones en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción previstos en la Ley de la materia; acciones permanentes que aseguren el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, así como programas de capacitación; también, lineamientos para la promoción, fomento y difusión de la cultura de legalidad, integridad, ética y responsabilidad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización y control de los recursos públicos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión ordinaria, el diputado Carlos Navarro Corro presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 55 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, con el objetivo de que las y los trabajadores conserven sus servicios médicos por seis meses posteriores a su baja, en caso que hayan sido diagnosticados con alguna enfermedad crónico degenerativa.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su análisis.