En sesión pública ordinaria de la LX Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, con la finalidad de que se regule y se cumpla con los requisitos para la otorgación de patentes de notarios en la entidad.

La Iniciativa elimina la posibilidad de que funcionarios públicos obtengan una notaría por razón de su cargo, poniendo especial atención en el cumplimiento de los exámenes de aspirante y de oposición para notario titular, toda vez que en la actualidad no se requiere la opinión del Consejo de Notarios, quienes deberían emitir su consideración al perfil idóneo, ya que en administraciones anteriores se aceptó la participación de personas que no cumplían con los requisitos de Ley, señaló la legisladora.

De esta manera, Tonantzin Fernández Díaz, dio a conocer que para ser notario se establece que el aspirante no deberá ser servidor público, salvo que se separe del cargo un año antes de la presentación del examen a la obtención de la patente, así como comprobar que durante dos años naturales ininterrumpidos ha practicado, por lo menos, cuatro horas diarias bajo la dirección de algún notario.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución correspondiente.

En otro punto del orden del día, la legisladora Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presentó una Iniciativa para la creación de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como, para la derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.

Durante la exposición de la Iniciativa, la legisladora precisó que se pretende coadyuvar en la conclusión satisfactoria de una administración o de un cargo y a la continuidad en el servicio público y la gestión gubernamental de los asuntos, programas, proyectos, acciones y compromisos, así como fomentar el cumplimiento de las funciones que tienen la Administración Pública Estatal.

También, desarrollar las bases y principios generales mediante los cuales deberán realizarse los procesos de entrega-recepción, de manera ordenada, eficiente, transparente y confiable, oportuna y homogénea, y también determinar las faltas administrativas en las que incurran, quienes no cumplan con el acto de entrega–recepción, entre otros.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado para su estudio y dictaminación correspondiente.