Las diputadas y los diputados de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD, que integran la coalición legislativa “Va por México”, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspenda la aplicación del decreto que pretende facultar a los servidores públicos para compartir propaganda gubernamental.

A través de un comunicado conjunto, indicaron que buscan que la participación de la ciudadanía sea imparcial y objetiva, pues así lo demanda la Constitución. También, que es la misma Constitución Federal la que faculta de manera exclusiva al INE y a los organismos públicos locales para poder promover y promocionar la consulta de revocación de mandato.

Por otro lado, los coordinadores parlamentarios Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) señalaron que el decreto impugnado incumple lo dispuesto por la misma SCJN, pues en la acción de inconstitucionalidad 151/2021 se establecieron las reglas que debían seguirse en el actual proceso de revocación de mandato, por lo que no es viable que Morena, en atención a sus propios intereses, busque modificar la Constitución y la interpretación de los y las ministras.

Esto no solo respecto a la difusión de propaganda, sino también en cuanto a la aplicación de sanciones, pues fue la misma SCJN la que determinó que el Tribunal Electoral podía sancionar a quien incumpliera la ley y la Constitución en el actual proceso de revocación.

Por último, alegaron que el decreto interpretativo resulta inconstitucional, pues busca imponerse a las interpretaciones dadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso al criterio emitido el día de ayer por la Sala Superior en relación a que no es aplicable el decreto al actual proceso de revocación, pues Morena busca regular algo que no está previsto en la Constitución Federal.

Es por eso que, en respeto a la democracia, a la división de poderes y en aras de garantizar los derechos de la ciudadanía, la coalición legislativa “Va por México”, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para que se suspenda y se declare la inconstitucionalidad del decreto de la publicidad gubernamental de la consulta sobre revocación de mandato.