A fin de aumentar las multas a quienes introduzcan al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego, estén o no reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como señalar esta conducta como un delito grave, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó una iniciativa.

Con reformas a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, también busca señalar que la portación, fabricación, importación, tráfico o acopio sin un fin lícito amerite prisión preventiva oficiosa.

Establece que no se concederá la libertad preparatoria a los sentenciados por la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

También, por no impedir esta introducción estando obligado como servidor público y, por portación, fabricación, importación, venta o acopio sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa.

Busca imponer prisión de tres a 10 años y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y decomiso, a quien porte, fabrique, importe, trafique o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. Actualmente, la pena es de tres meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Justicia y de Defensa Nacional, expone que las estadísticas en materia de uso de armas de fuego en la comisión de delitos en contra de la población imponen la necesidad de hacer algo para lograr que el tráfico ilícito de armas se sancione con la severidad que amerita.

En 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tres de cada cuatro robos en el país se realizaron con armas de fuego, Además, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país cerró 2020 con 34 mil 515 homicidios dolosos, de los cuales 70 por ciento se cometieron con armas de fuego.

Menciona que alrededor del 80 por ciento de los 15 millones de armas ilegales que circulan en México están en manos del crimen organizado, grupos delincuenciales y cuerpos armados autodenominados como autodefensas, según lo estimó la compañía Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

Considera indispensable legislar para contar con un marco jurídico que permita atender adecuadamente y erradicar el tráfico de armas hacia el país, sean o no de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. “Es un delito que ni siquiera asumimos como grave, lo cual evita que pueda ser sancionado con todo el peso de la ley”.

Relata que, en 31 de las 49 aduanas instaladas en el país en las zonas fronterizas, puertos marítimos aeropuertos y ciudades estratégicas, apenas se aseguran menos de 400 armas ilegales en promedio cada año. “Lo que encontramos o tenemos en nuestro marco jurídico para afrontar al traficante de armas y desalentar o inhibir su actividad ilegal es insignificante”, puntualiza.

Foto: Cámara de Diputados