A fin de combatir la pesca ilegal y la sobreexplotación de especies, el diputado federal Pedro Armentía López propuso una iniciativa que establece penas severas de hasta nueve años para quien incurra en este delito, y tres años más si se comete en un área protegida o con fines comerciales.

El integrante del Grupo Parlamentario del PRI expuso que la modificación que adiciona una fracción II Ter al artículo 420 del Código Penal Federal, en materia de Pesca Ilegal, impone penas de uno a nueve años de prisión a quien realice estas actividades en zonas no permitidas o en periodo de veda. Además, subrayó, que no cuente con permiso o concesión para practicar la pesca y utilice embarcaciones no permitidas.

También se sancionará a quien capture una especie no permitida; no compruebe la legal procedencia de los recursos pesqueros, y exceda la cantidad de pesca permitida de una especie. Y como caso único, se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión cuando las acciones se realicen en o afecten un área natural protegida o con fines comerciales.

El legislador priista mencionó que el 19 de enero de este año se actualizaron las sanciones administrativas correspondientes en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus reglamentos y normas oficiales, pero, consideró, es importante definir los tipos de pesca ilegal no establecidos en dicha Ley, como las que propone en los párrafos anteriores.

En ese sentido, enfatizó que la pesca ilegal, es un fenómeno que tiene como una de sus más graves consecuencias la reducción de la competitividad y en México se estima afecta hasta en un 60 por ciento la producción de uno de los sectores con un importante potencial de crecimiento.

Por ello, destacó que estas medidas permitirán posicionar a México entre los primeros 10 lugares en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, combatir la sobreexplotación de especies, recuperar la competencia y agregar valor a las cadenas comerciales.

Armentía López puntualizó que esta actividad pesquera genera empleos y desarrollo de comunidades costeras, donde dos millones de mexicanos dependen económicamente de esta labor, por lo cual, subrayó, es necesario dar certeza y confiabilidad a los pescadores ribereños y de altura que la practican de manera legal.