La diputada Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agilizar la declaratoria de alerta de género y combatir de manera más efectiva el feminicidio.

Mediante una iniciativa de ley, presentada al Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora por Puebla explicó que la reforma va en dos sentidos: instituir y reconocer las funciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y fortalecer la alerta de género establecida en la Ley General.

El Conavim es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encaminado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país y la propuesta es que se le reconozca en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora priista afirmó que ello facilitaría su coordinación con otras instancias de gobierno que promueven la igualdad de género y combaten el delito de violencia feminicida.

Por otra parte, la ciudadanía, sociedad civil, academia y defensores de los derechos humanos, han pedido se fortalezca el mecanismo de alerta de género; la sugerencia de la diputada del PRI, es poner en la ley esas exigencias para erradicar las lagunas legales, aligerar los procesos de admisibilidad y procedencia del mecanismo y permitir la participación directa de la sociedad en todo el proceso.

La propuesta de la diputada Saldaña Pérez es que exista una homologación de la Ley General con la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Además, establecer un plazo, no mayor a los 30 días hábiles, para instalar el grupo interinstitucional y multidisciplinario que exige la alerta de violencia de género, “en la inteligencia de que su instauración pronta y expedita es fundamental para lograr objetivos fundamentales y garantizar la seguridad y respeto de los derechos humanos de las mujeres”.

Por lo que toca a la Conavim, se le otorgarían más facultades legales para fortalecer su funcionamiento y en corresponsabilidad estaría obligada a señalar, de manera razonable, los plazos en los cuales se debe dar cumplimiento a las medidas derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género.

El feminicidio en el país ha presentado incrementos importantes. De acuerdo con cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se presentaron 671 presuntos delitos de feminicidio, en comparación con 2015 y 2016, años en los que se contabilizan 389 y 580 casos, respectivamente.