Con la conducción de la diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá Ruiz, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión logró el aval de dicho órgano para aprobar cinco dictámenes con punto de acuerdo que atienden temas sensibles para la población mexicana.

Ante el pleno, la legisladora del Grupo Parlamentario del PRI manifestó que a pesar del esfuerzo y voluntad de los integrantes de la Primera Comisión para avalar las proposiciones, éstas “han sido insuficientes para terminar con la violencia hacia las mujeres, para mejorar el bienestar de las personas trabajadoras con discapacidad, para garantizar la seguridad y derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales en retorno, como de cualquier persona migrante en tránsito por el territorio nacional”.

La representante por el estado de Puebla, sin embargo, expresó su confianza en que la LXV Legislatura seguirá generando consensos para revisar e impulsar las reformas legales e institucionales necesarias que mejoren el bienestar de las familias mexicanas, y enfrentar las problemáticas que siguen lacerando a muchos mexicanos en diversas regiones del país.

Subrayó que los miembros de la Primera Comisión coincidieron en que México mantiene niveles elevados de impunidad de los delitos de carácter sexual, los cuales derivan de diversas causas, como la cultura que culpabiliza a las víctimas y que normaliza las conductas como el lenocinio, el acoso y el hostigamiento sexual.

La legisladora priista expuso que durante las sesiones de la instancia deliberativa, correspondientes al primer receso de primer periodo ordinario de la LXV Legislatura, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia pusieron a consideración del pleno camaral —mismas que fueron aprobadas— proposiciones destinadas a impulsar y fortalecer acciones para atender problemáticas sensibles a la población.

Entre los acuerdos, se encuentran propuestas para combatir el acoso sexual en espacios públicos y privados, con especial atención para la protección de mujeres y niñas; fortalecer el Programa Nacional de Empleo, con la finalidad de garantizar el derecho a un trabajo digno y el libre desarrollo de las personas, así como promover acciones para impulsar la contratación de personas con discapacidad.

Además, se planteó impulsar las acciones para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas en retorno, así como de cualquier persona migrante en tránsito por el territorio nacional; reforzar las estrategias y políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres en el estado de Jalisco, derivado del aumento de los casos de feminicidio en esa entidad, y la reorientación e implementación de nuevas acciones para garantizar la seguridad pública en el estado de Morelos ante el incremento de las conductas delictivas en esa entidad.

Finalmente, la diputada Blanca Alcalá destacó que los trabajadores migrantes mexicanos “merecen el mayor de los reconocimientos por parte de las autoridades mexicanas, de los representantes populares y de la sociedad en su conjunto, en los ámbitos comunitarios, municipales, estatales y nacionales, pues en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de sus familias y con grandes sacrificios enriquecen la cultura, impulsan el bienestar de sus familias, generan empleo y activan las economías locales que se vuelven motor de crecimiento regional y estatal”.