Resulta prioritaria una reforma legal que amplíe las causales de inelegibilidad para evitar que hombres y mujeres sancionados por cualquier tipo de violencia puedan ocupar un cargo de elección popular, aseguró la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

Durante su participación en el 1er Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión, destacó la importancia de legislar para ampliar las causales con las cuales se pierde el modo honesto de vivir que prevé la Constitución para obtener una candidatura.

“Es momento, como se dice, de las mujeres, pero es momento de hacerles saber que hay consecuencias, que hay sanciones y que estas sanciones también pueden ir hasta anular esta elección, hasta retirarles candidaturas y, por su puesto, obligarlos a medidas de reparación de la violencia cometida”, abundó.

La Consejera recordó que a pesar de los avances que se han alcanzado en los últimos años, aún hay elementos que deben ser considerados como es el que sea obligatoria la llamada 3 de 3 contra la violencia y un requisito de elegibilidad para cualquier candidatura.

Ello, dijo, considerando que durante los pasados comicios no se logró impedir que personas sancionadas por Violencia Política en Razón de Género accedieran a una candidatura, ya que sus sentencias no analizaron si mantenían un modo honesto de vivir, tal como la Constitución lo establece para acceder a un cargo de elección popular.

Mencionó que gracias al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género es que se ha podido ver que, a pesar de que los tribunales acreditan que se cometió violencia política, sólo en un 6% de los casos se analiza si con ello se pierde este requisito de elegibilidad.

Frente a ello reiteró la necesidad de legislar la 3 de 3 contra la violencia como un requisito con el que se pierde la elegibilidad a cualquier cargo de elección popular y avanzar para que las autoridades administrativas tengan la facultad de determinar si cometer violencia política en razón de género impide la elegibilidad y, por tanto, negar o retirar una candidatura.

“Tenemos que hacerles saber a todas las mujeres en nuestro país que no sólo pueden ocupar cualquier cargo de elección popular, sino que tienen que hacerlo libres de violencia y que cuentan con herramientas y mecanismos para denunciar si están siendo violentadas políticamente”, sentenció Humphrey.

Durante su participación en la mesa Los casos de violencia política contra la mujer en razón de género presentados en el Proceso Electoral 2020-2021, la Consejera aprovechó para recordar los dos casos que sentaron un precedente en los pasados comicios al determinar que este fenómeno puede ser una causal de nulidad.

En la mesa también participaron las consejeras electorales de Guerrero, Baja California, Chiapas y Campeche, Dulce Merary Villalobos, Olga Viridiana Maciel, María Magdalena Vila y Fátima Gisselle Meunier, respectivamente, y se contó con la moderación de la Consejera Electoral de Michoacán, Viridiana Villaseñor.