Un equipo de abogados de la Universidad Jesuita atestiguó una sentencia de la Corte IDH que podría cambiar el futuro del sistema de justicia mexicano.

México se encuentra en un momento de quiebre para sus sistemas de justicia. Mientras la militarización de las calles se convierte en una realidad y casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos sucumben a manos del interés político, una medida controversial podría ser erradicada si así se decide en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La prisión preventiva oficiosa es un mecanismo jurídico mediante el cual una persona es privada de la libertad en lo que se resuelve si es inocente o culpable de algún delito. Las voces críticas argumentan que se trata de una medida desmesurada, especialmente en un país con un índice de impunidad del 95% y donde dos de cada tres personas en prisión se encuentran a la espera de sentencia.

El asunto ha sido llevado a los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la sesión correspondiente al caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México, el cual fue representado por el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, Simón Hernández León.

El académico viajó a Brasilia junto a un grupo de cuatro colaboradores de la clínica (dos estudiantes y dos egresadas) para atestiguar en primera fila una discusión con aires históricos. Durante nueve horas, el equipo de juristas acusó al gobierno mexicano de graves violaciones a los derechos humanos contra dos personas que fueron privadas de la libertad por 17 años.

Se trata de un caso paradigmático sobre los usos y efectos de la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con Hernández León, Daniel García y Reyes Alpízar fueron encarcelados sin posibilidad de presentar pruebas de descargo. Además, su retención fue calificada por la CIDH como una decisión arbitraria y violatoria del principio de presunción de inocencia.

“Este caso ha venido a colocar un escenario de una posible condena donde se ordene una reforma constitucional. Eso nunca ha pasado en la historia del país”, precisa el también coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla. Mientras que la Suprema Corte intentó acelerar la discusión en la materia, el Ejecutivo federal ha señalado la prisión preventiva como una medida clave en la estrategia de seguridad nacional.

Desde su lugar como espectadora en la sesión de la Corte IDH, Daniela Jiménez Cortés, colaboradora de la clínica, coincide en que la sentencia puede marcar un antes y un después en la historia del derecho mexicano. “Tuvimos la oportunidad de platicar en videollamada con Daniel [García]. Eso es lo más importante: saber cómo le afectó en lo personal estar privado de la libertad por 17 años”.

A su lado se encuentra Joaquín Sánchez Cedillo, estudiante de Derecho y voluntario en la Clínica Minerva Calderón. El joven destaca que el caso es el reflejo de una realidad mexicana repleta de injusticias institucionales. “Fue una experiencia de aprendizaje situado que nos permitió compartir directamente con las personas que están en el punto”.

Daniela y Joaquín, abogados primerizos, valoran el viaje a Brasil como una experiencia enriquecedora para sus trayectorias profesionales. El equipo también asistió a la sesión correspondiente al caso Álvarez contra Argentina relacionado con una defensa inadecuada en un juicio. También tuvo la oportunidad de reunirse con Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte IDH, y el exministro José Ramón Cossío Díaz.

Al reflexionar sobre sus intereses en la ciencia jurídica, Joaquín Sánchez refrenda su interés en construir una cultura de la defensa de los derechos humanos desde la cotidianidad. Por su parte, Daniela Jiménez, ahora docente de la Ibero Puebla, está convencida de la importancia de formar abogados más sensibles que sean capaces de construir vínculos de confianza con las personas.

Ambos coinciden en la importancia de democratizar el derecho y hacerlo accesible para todas las personas. Tal es una de las encomiendas de la Clínica Jurídica: construir espacios de aprendizaje en el que se utilice la ciencia jurídica como herramienta para edificar sociedades mejores. “Las condiciones del país nos interpelan para no quedarnos en la indolencia y acompañar a las comunidades en la búsqueda de verdad y justicia”, remata Hernández León.