Ilse Lucía «N»., esposa del alcalde de Venustiano Carranza, Puebla, ligado al robo de combustible a Pemex, fue vinculada a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea de México.

El juez determinó vincularla luego de que su defensa no logró comprobar que las armas que encontraron tras un cateo el 7 de agosto en su vivienda en la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas no pertenecían a ella, ni a su empleada doméstica.

Durante la audiencia, que se realizó hoy por la tarde, su defensa argumentó que el Ministerio Público federal no había realizado pruebas dactilares a las armas, cartuchos y cargadores de armas, que encontraron en el cateo y, por ende, podían no tener relación con Ilse «N» y Mónica su empleada.

Además de que en las fotografías de los dictámenes periciales sólo aparecían al inicio del cateo y no durante el aseguramiento de los indicios.

Sin embargo, el juez desechó la prueba tras argumentar que no le dio pruebas sustentadas ni con perspectiva de género para desestimar que eran de ellas.

La defensa también argumentó que no era lógico que los hallazgos estuvieran expuestos y que fueran de fácil acceso durante el cateo, debido a que en la vivienda habita el hijo de Ilse, de 7 años de edad.

Lo que el juez también desechó al argumentar que hay padres irresponsables que ponen en riesgo a sus hijos.

Como último intento, la defensa también señaló que a las mujeres las autoridades les habían violado sus derechos al no permitirles contactar a un abogado durante el cateo, pero el juez ratificó que el operativo se llevó conforme a derecho y respetaron su integridad.

El juez otorgó tres meses para que el Ministerio Público continúe sus investigaciones y posteriormente se siga el proceso legal.

Por lo tanto, Ilse «N» y Mónica «N» estarán en libertad luego de que exhibieron una fianza de 20 y 5 mil pesos como medida cautelar.

Ninguna podrá salir del Estado sin previa autorización de las autoridades y tendrán que firmar cada 15 días ante las autoridades de Huauchinango.

Fuente: Reforma