La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró dos vehículos que transportaban más de diez metros cúbicos de tierra de hoja extraída de terrenos forestales, en la región del Izta-Popo, en el estado de Puebla. Se inició procedimiento administrativo en contra de un presunto responsable por delitos contra la biodiversidad.

Ante la problemática en la región por la tala de árboles y la extracción de tierra de hoja proveniente de terrenos forestales, se implementó un operativo en la Región del Izta-Popo, en los municipios de Atlixco y Atlimeyaya, en coordinación con la Policía Municipal de Atlixco y Policía Estatal.

Por lo anterior, se estableció un filtro de revisión para vehículos en tránsito que transportaran materias primas y productos forestales maderables y no maderables, sobre la carretera Metepec- Atlixco a la altura del Km. 4.5, punto en el que se detectaron dos vehículos.

El primero, un camión de 3.5 toneladas, el cual transportaba en su plataforma 5.731 metros cúbicos de tierra de hoja, por lo que la Profepa inició procedimiento administrativo en contra del conductor, al transportar productos forestales no maderables, sin contar con la documentación debidamente autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que acreditara su legal procedencia.

La segunda unidad asegurada fue una camioneta de 3.5 toneladas que transportaba 4.7 metros cúbicos de tierra de hoja, misma que fue abandonada por su conductor, al detectar la presencia de los elementos de Seguridad Pública y de la Profepa, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, sin que al momento se presentara la documentación autorizada por la Semarnat para acreditar su legal procedencia.

Cabe mencionar que el artículo 419 del Código Penal Federal establece que quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme cualquier recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos, se le impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa; pena a la cual podrán hacerse acreedores los presuntos responsables del transporte ilícito de tierra de hoja.