El diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para modificar la fracción II del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Con la finalidad de proteger el patrimonio de las personas, el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para establecer que los jueces municipales no conocerán los asuntos de usucapión y los casos serán atendidos por jueces de lo civil.

En sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa del diputado, en la que se proponen modificaciones a la fracción II del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que, los jueces municipales conocerán los negocios civiles y mercantiles cuya cuantía oscile entre cien y mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; exceptuando los asuntos de usucapión.

La iniciativa precisa que una forma de adquisición de la propiedad es la figura jurídica de usucapión, la cual debe entenderse como un medio para adquirir la propiedad de una cosa por la posesión prolongada de la misma durante un tiempo determinado.

En la propuesta se detalla que, al ser el juicio de usucapión un medio a través del cual se dará reconocimiento a una persona como propietario de un bien, es importante que conozcan el proceso los jueces de lo civil y no los jueces municipales, esto con el fin de proteger el patrimonio de las personas.

La iniciativa presentada por el diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

La diputada Tonantzin Fernández Díaz presentó una iniciativa para adicionar los artículos 338 sexies, 338 septies y 338 octies al Código Penal, y sancionar la violencia que se ejerce con químicos o sustancias corrosivas, con penas que van de 20 a 30 años de prisión y una multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización, así como la reparación del daño material y moral sufrido.

En la propuesta se detalla que las penas aumentarán si entre el sujeto activo y la víctima existe o existió una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o una relación similar, laboral o docente. También, cuando estas sustancias causen destrucción de cualquier función orgánica de la víctima, deformidad o daño permanente.

Asimismo, el diputado Carlos Evangelista Aniceto presentó una iniciativa de reforma al artículo 338 del Código Penal para ampliar las razones de género en las cuales se configura un feminicidio, y propuso incrementar hasta en una tercera parte las penas cuando la víctima sea una niña o adolescente, o la mujer se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia presentó una iniciativa de reforma al artículo 608 del Código Civil de Puebla, a fin de homologar este ordenamiento con el federal, para prohibir a cualquier persona que ejerza la patria potestad, los castigos corporales o humillantes como una forma correctiva o disciplinaria de niñas, niños y adolescentes.

En el mismo sentido, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para modificar los artículos 597 y 608 del Código Civil y establecer que, quien ejerza la patria potestad de un menor, privilegiará el interés superior de la niñez y su desarrollo integral, asimismo, resguardará su integridad para lograr mejores condiciones de bienestar.

La Mesa Directiva del Congreso dio cuenta de la iniciativa que presentó el diputado Roberto Solís Valles para modificar la fracción IV del artículo 198 y 198 nonies del Código Penal, con el fin de establecer sanciones para quien deposite, trate o queme residuos sólidos urbanos o de manejo especial sin la autorización correspondiente, y puedan causar daños graves a la salud pública, al medio ambiente o a los recursos naturales.

Estas iniciativas de reforma al Código Civil y al Código Penal presentadas en la sesión ordinaria fueron remitidas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución procedente.

El diputado Fernando Sánchez Sasia presentó una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de la Juventud, con el objetivo de ampliar la protección de las juventudes en sus derechos a la salud y bienestar mental, entre las que se consideran aumentar la cobertura de los servicios, así como coordinar programas de prevención, atención y rehabilitación.

En tanto, la Mesa Directiva del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa que presentó el diputado Néstor Camarillo Medina para reformar el artículo 28 de la Ley de la Juventud, con el fin de establecer una educación sexual integral y libre de estereotipos para este grupo social.

Ambas iniciativas fueron turnada a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis.

Por otra parte, la diputada Eliana Angélica Cervantes González presentó una iniciativa para modificar el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, a fin de establecer que es atribución de los ayuntamientos el desarrollar y ejecutar políticas, programas y acciones en materia de Gobierno Digital, para el uso estratégico de las tecnologías de la información en los trámites y servicios.

La diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó una iniciativa de reforma al artículo 96 Bis de la Ley Orgánica Municipal para que los ayuntamientos que pertenecen a la zona metropolitana existan la Comisión de Desarrollo y Coordinación Metropolitana y la Comisión de Ordenamiento Territorial y Movilidad, con el objetivo de fortalecer una adecuada coordinación entre las entidades municipales, para impulsar el desarrollo metropolitano, urbano y la movilidad.

Las iniciativas de las diputadas Eliana Angélica Cervantes González y Aurora Sierra Rodríguez fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

En la sesión ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa que presentó la diputada Nancy Jiménez Morales para modificar la Ley Estatal de Salud y la Ley para el Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el objetivo es ampliar la definición de violencia obstétrica y que las autoridades sanitarias establezcan acciones para identificarla, prevenirla y erradicarla, para asegurar un trato digno durante el embarazo, parto y puerperio.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud e Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.