El diputado Ulises García Soto (Morena) propuso una iniciativa para establecer la facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor de coordinar entre los gobiernos, municipales, locales y la Federación, la gratuidad de los servicios de estacionamientos en hospitales, clínicas y centros comerciales.

Explicó que en varias partes de la República la ciudadanía se opone a pagar estacionamientos en plazas públicas, debido a que este servicio es parte fundamental de la accesibilidad a un lugar comercial; sin embargo, los empresarios tienen derecho a hacer negocios de manera lícita a través de plazas comerciales a las que no es obligatorio acudir mediante un automóvil.

García Soto señaló que este es el caso del centro comercial denominado “Misiones” en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un grupo de ciudadanos exigió que no se les cobre el servicio de estacionamiento, donde la movilidad en automóvil es de gran importancia por las grandes distancias del estado y por los climas extremos que se presentan en verano e invierno.

En ese sentido, puntualizó que el objetivo de su iniciativa es adicionar una fracción IX Quáter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer la facultad de la Profeco de realizar esta coordinación intergubernamental.

Además, dijo, se plantea modificar el segundo párrafo del artículo 58 para que los proveedores de servicios de estacionamientos en plazas comerciales no apliquen cuotas sobre el servicio de estacionamientos para el público en general que asista a sus establecimientos.

Añadió que se proyecta nombrar a la Profeco como la instancia que puede armonizar estos criterios en toda la República, en beneficio del consumidor final, pues éste puede ser el mismo en diferentes partes del país y por tanto no se puede comprender el cobro discrecional dependiendo de cada plaza y cada centro comercial en el país.

El diputado de Morena aclaró que el eje fundamental de su propuesta respeta el derecho del empresariado a hacer negocios, pero no sin la responsabilidad que se tiene con el propio consumidor.

“Hacer el negocio del negocio sin la menor perspectiva social genera que los ciudadanos tengan que acudir a sus autoridades y leyes, para que éstas delimiten el derecho de cada cual a hacerse de los beneficios públicos y delimitar la esfera pública y privada”, expresó.

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