La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) presentó una iniciativa para garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos prescritos en las instituciones de salud públicas.

En tribuna, indicó que su propuesta pretende reformar las Leyes General de Salud, de los Institutos Nacionales de Salud, del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de integrar en dichos ordenamientos la obligación de reconocer el abasto de medicamentos como parte fundamental en la garantía de protección del derecho a la salud.

Así como para que se establezcan alternativas a través de plataformas digitales para el seguimiento en los reportes por desabasto y centros de canje que permita tener un plan emergente ante la posibilidad de suministrar los medicamentos a quien los necesite.

En tribuna, indicó que “el acceso a la salud se posiciona como una de las más importantes del Estado, ya que constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el ejercicio de estos derechos sociales políticos y económicos; en este sentido reiteramos que el reconocimiento de un derecho no basta, si no se tienen los elementos para garantizar su pleno ejercicio”.

Refirió que la Encuesta de Salud y Nutrición señala que más del 7.0 % de la población no recibió del sistema público de salud los medicamentos que requería, lo cual es particularmente grave cuando el desabasto alcanza pacientes con enfermedades que requieren medicamento para garantizar su supervivencia como por ejemplo los tratamientos oncológicos, hipertensión y diabetes.

En este sentido, dijo que el colectivo Desabasto Cero indicó que, de febrero 2019 al 30 de abril de este año, se han registrado más de cuatro mil 500 reportes por falta de alguna medicina o suministro médico en instituciones públicas del sector salud en todo el país.

“El desabasto de medicamentos es un pendiente que sigue teniendo el Estado con las y los mexicanos que son atendidos en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo cual es una situación inaceptable, porque están en riesgo la vida de las personas que necesitan acceder a su tratamiento”, concluyó.

Foto: Cámara de Diputados