La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) propuso una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de que el Estado mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para prevenir y erradicar la presencia de la impunidad en crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado, expresó que el gobierno de la Cuarta Transformación mantiene el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte, buscando materializar la dignidad humana bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin embargo, señaló, queda el antecedente de violaciones a los derechos humanos alimentadas por la impunidad, acontecidas en pasadas administraciones.

Bajo este precepto, quedarían sin castigo crímenes de lesa humanidad ejecutados por administraciones pasadas, como lo ocurrido a finales de 2006, cuando el Gobierno Federal, por instrucciones del titular de Ejecutivo, ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado.

Esta estrategia, señaló Pérez Segura, “sólo dio como resultado que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan traduciéndose en una de las épocas más violentas de la historia moderna de nuestro país”.

En ese sentido, recordó el involucramiento de las fuerzas armadas en situaciones de crímenes lamentables como las matanzas de Tlatlaya y Acteal, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre del 68, que permanecen impunes.

La legisladora apuntó que, ante la impunidad prevaleciente en estos crímenes, la justica pudo haberse atendido por medio de la Corte Penal Internacional, “pero las disposiciones normativas contempladas en nuestra Carta Magna constituyen una reserva encubierta hacia el Estatuto de Roma, del cual nuestro país es parte, configurándose así un obstáculo para atender la presencia de crímenes de lesa humanidad”.

Subrayó que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales mexicanas pues, en apego al Estatuto de Roma, estará facultada a ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de crímenes graves de trascendencia internacional.

“Debemos refrendar nuestro compromiso con el resto del mundo en materia de derechos humanos, y atender las disposiciones del estatuto del que México es parte”, concluyó.