En la mayor parte de los países hemos transitado a una dicotomía: de la participación a la opresión de los derechos políticos, no sólo de ellos, sino de los derechos políticos en su dimensión de manifestación, reunión y petición, sino también a la de los derechos políticos en su vertiente electoral y de la participación ciudadana, afirmó la doctora María del Pilar Hernández en su ponencia en el Conversatorio “Participación para la Transformación del Poder Judicial”.

Este martes, con el tema “Marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos”, indicó que “en lo electoral, a través del sufragio propiamente pasivo a activo, y desde luego la participación ciudadana.

“De eso se trata esta reunión, de poder concitar soluciones de continuidad en el ámbito legislativo, de acuerdo a un sondeo que el grupo legislativo de Morena está pensando, en relación a una eventual reforma constitucional que pueda hacer que el sistema constitucional mexicano transite hacia un ejercicio mucho más democrático en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

La doctora por la UNAM y la Universidad de Salamanca expuso que “en esto también debe haber una lógica sistémica, respecto de los procesos que se tienen que adoptar. Nosotros, en relación con esta tercera dimensión: democracia representativa, democracia propiamente ciudadana y democracia directa, tenemos previsto en la fracción 8va del artículo 35 constitucional, pero sí al menos, como ejercicio clave de participación ciudadana. Si recordamos, el mismo procedimiento de consulta ciudadana ha intervenido sobre la responsabilidad de los expresidentes de la República.”

Y recordó que “fue una consulta que finalmente no tuvo buenos resultados al no alcanzar el 40 por ciento de los votos para hacerla vinculatoria. Consecuentemente, esta soberanía tendría que abrir, conforme a los conceptos señalados, una consulta popular y está tendrá que ser validada por su constitucionalidad.”

A diferencia de lo sucedido, –indicó María del Pilar Hernández– aquí se trata de un ejercicio más material, ya que la teoría no funciona si no tiene su referente en la práctica, más asible, y en una solución de continuidad analizar y comparar de manera jurídica y constitucional cuáles son los modelos que hasta ahora han operado, más allá del ejemplo norteamericano y los anglosajones, sino al contexto más cercano que es desde México hasta la Patagonia.

La catedrática explicó que el modelo político que nosotros tenemos es el mismo que se encauza en relación al de los Estados Unidos, donde el presidente de la República propone y es precisamente, el Senado el que termina el proceso dando la certeza de validar los requisitos para llegar a la Corte, y eso debe cambiar en México.

Hay otros modelos en los que no solamente suman de manera sintética, –abundó-sino que participan órganos políticos de representación. Existen modelos que, en suma, consisten en situar la técnica en práctica. Me gustó un modelo que muestra cierta soltura y la misma doctrina de la jurisdicción constitucional, lo que los tribunales jurisdiccionales tienen que hacer con una serie de conceptos: integración, e interpretación, incluso se contempla la participación del propio órgano constitucional.

“Si tuviéramos que poner en la báscula al Poder Judicial la evaluación tendría que ser un poco hacia los dos extremos, en el de los méritos de los aspirantes a jueces y en el otro, el de la ideologización y politización de sus nombramientos, en una visión de cómo se debe transformar este país.”

Mencionó que le hubiera gustado contar con mayor participación de diputadas y diputados de los demás partidos para conocer sus propuestas. (JCHW)