Para implementar criterios transversales de transparencia y equidad en las políticas de comunicación social y en la distribución de la publicidad del gobierno federal, Ivonne Ortega Pacheco presentó a nombre de la bancada naranja la iniciativa de nueva Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial.

La legisladora yucateca recordó que hace un par de meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley General de Comunicación Social al considerarla inconstitucional pues carece de reglas de operación del gasto en publicidad oficial, y atenta contra la libertad de expresión y el acceso a la información.

En su resolución, la Corte estableció que el Congreso de la Unión debe subsanar las deficiencias de dicha Ley antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones.

La iniciativa presentada por Ivonne Ortega contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Oficial como órgano autónomo, y de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual será un sistema público de información.

Incluye también obligaciones puntuales por parte del gobierno, como efectuar procedimientos claros en la asignación de publicidad oficial, así como sanciones para los entes gubernamentales, y otorga facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de que pueda suspender del empleo, cargo o comisión, al funcionario público que viole la norma.

En su exposición de motivos, indicó que “la asociación civil Artículo 19, señala que 52% del gasto en publicidad del Gobierno Federal está concentrado en sólo 10 medios”.

“De acuerdo con su informe sobre las tendencias de la Publicidad Oficial en el segundo año de la presente administración federal, el 28.6% de los 2 mil 248 millones de pesos en realidad gastados en publicidad en el año 2021, fueron pagados a 3 empresas. En un Estado democrático de Derecho, esto es inaceptable”, destacó.

“Con criterios claros en las políticas de comunicación social y sobre todo en la asignación de publicidad oficial de gobierno, se evitará la discrecionalidad que restringe y condiciona la libertad de expresión”, afirmó.