El Grupo Parlamentario del PVEM, a través de la diputada Angélica Peña Martínez, propuso aumentar la pena de prisión hasta en una mitad, para quien preste servicios de transporte público y prive de su libertad con violencia a pasajeros mientras realice sus funciones.

Al fundamentar la propuesta que reforma el artículo 264 del Código Penal Federal, explicó que la pena vigente por secuestro es de seis meses a tres años de prisión y de 25 a cien días de multa. Dicha sanción se incrementa en una mitad cuando se realiza con violencia, se trata de un menor de edad o mayor de 60 años o, si por cualquier circunstancia, la víctima está en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.

Ante ello, se propone agregar que la pena aumentará también en una mitad «cuando el sujeto activo preste servicios de transporte público de pasajeros a la víctima y la privación ilegal de la libertad se realice durante la prestación de dicho servicio».

La diputada ecologista indicó en un comunicado que la existencia de este tipo penal, que ya contempla la ley, permite al Estado tener un mecanismo para castigar a quien vulnere el derecho a la libertad personal de otra persona; sin embargo, se suscitan hechos más graves, cada vez más recurrentes, en los que privan de la libertad a mujeres mientras reciben servicios de transporte de pasajeros, de ahí la importancia de esta reforma.

Aclaró que su propuesta no modifica el tipo penal base, simplemente adiciona una agravante cuando el delito se comete bajo una circunstancia de modo específica, para combatir una situación real en la cual la víctima se encuentra en una situación vulnerable.

Peña Martínez resaltó que las víctimas utilizan este tipo de servicios por necesidad y, aunado a lo anterior, están imposibilitadas para pedir ayuda ya que dentro de un vehículo nadie puede escucharlas y al moverse a altas velocidades, no podrían escapar sin poner en riesgo su vida.

«La comisión de este delito tiene gravísimas consecuencias hacia la víctima, pues sufre un impacto psicológico, emocional, físico y familiar difícil de superar, sin duda alguna es imposible ser indiferente ante esta situación, por lo cual, nuestra obligación es atender de manera urgente este problema mediante la adecuación de nuestro marco normativo».

Foto: Cámara de Diputados